El Ministerio de Gobernación de Guatemala solicitó a la Interpol una orden de captura internacional en contra de siete personas, entre ellas Alba Elvira Lorenzana, esposa del empresario méxico-guatemalteco Ángel González, conocido como “El Fantasma”, y dueño de numerosos canales de televisión en Nicaragua.
Lorenzana es parte de una larga lista de personas que son requeridas por la justicia guatemalteca para responder por el caso de corrupción conocido como “La Línea”, en el que también están involucrados el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Los largos tentáculos de Ángel González abarcan 16 países de América Latina.
En el portal web del conglomerado de González, www.albavision.tv, en el caso de Nicaragua aparecen como “afiliados” a su emporio los canales de televisión 2, 7, 9, 10, 11, 17 y 19; además de 12 radios (de Coesa y Ratensa) y la empresa Cinemas.
En marzo de 2015 fuentes vinculadas con Canal 2 y Canal 7 de Nicaragua revelaron a LA PRENSA que la política editorial e informativa de las televisoras era controlada directamente desde la Presidencia de Nicaragua por la primera dama Rosario Murillo, a través del noticiero TV Noticias.
Hasta marzo de 2015 González contaba con 82 estaciones de radio AM y FM y con 26 cadenas de televisión, de las cuales 21 eran propias y el resto en asociación con otras programadoras.
Solo un año más tarde, según su página web, su conglomerado ya controla 45 canales de televisión, además de 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica, 3 cadenas de televisión satelital y un medio impreso.
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El caso Guatemala
Los investigadores de la Cicig determinaron que desde el año 2007 los líderes del Partido Patriota (PP) crearon un complejo sistema de financiación ilícita de cara a obtener recursos para su campaña del año 2011 y lavar fondos.
Con este método, Pérez Molina y Baldetti han obtenido 21 millones de dólares tras la creación de empresas de cartón usadas para lavar dinero ahora proveniente de comisiones cobradas a proveedores del Estado.
La investigación determinó que dentro de esa estructura los canales 3 y 7 de Guatemala, pertenecientes a González, entregaron pagos por 2.2 millones de dólares a las empresas de cartón Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, manejadas por Baldetti. Al llegar el PP al poder, los canales de Ángel González recibieron hasta 30.8 millones de dólares en pautas publicitarias de parte del Gobierno entre 2012 y 2015.
La investigación de la Cicig concluyó en que no se trataba de un caso de corrupción que se gestó en el poder, “sino de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, explicó el jefe de la Cicig, Iván Velásquez.
El periodista guatemalteco Alejandro Pérez, dijo a LA PRENSA que a Ángel González “se le ha señalado constantemente de obtener favores de los partidos políticos en el poder para sus empresas en pago a los espacios publicitarios”. “Controla todos los canales privados de la televisión abierta. Más dos grupos radiales”, puntualizó.
Sobre “La Línea”
El caso de corrupción de Guatemala conocido como “La Línea”, fue presentado por las autoridades guatemaltecas en abril del 2015.
Según lo que expuso la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), en un principio se pensó que se trataba de una estructura de corrupción que se había tomado las aduanas para generarse beneficios económicos.
“Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”, indica el comunicado oficial de la Cicig.
