La negativa del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, ante la participación en los comicios generales de Nicaragua de organismos de observación internacional independientes, sería un elemento de irrespeto a la Carta Democrática Interamericana (DDI) por debilitar la democracia interna al no garantizar comicios con transparencia.
Ese es el análisis en que coinciden el excanciller Francisco Aguirre y el exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz. Aguirre, quien firmó en representación del Gobierno de Nicaragua la Carta Democrática Interamericana en 2001, en Lima, Perú, explica que la misma “fue aprobada unánimemente por todos los (34) países miembros de la OEA” .
El excanciller explicó que parte del “corazón retórico de la Carta” es que la democracia representativa es indispensable para la paz, la estabilidad y desarrollo de los Estados firmantes y por ende de la región.
Aguirre y Díaz ven pasos hacia la ruptura del Estado democrático con las últimas acciones del gobernante sandinista.
“Aquí se acabó la observación”, dijo un Daniel Ortega exaltado el sábado pasado, cuando el Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo designó candidato presidencial por séptima ocasión.
Ortega cerró las puertas a que la Unión Europea y la OEA envíen misiones para observar el proceso electoral en 2016, cuando el mandatario busca otro período presidencial.
Ver: Daniel Ortega: Aquí se acabó la observación
La postura de Ortega iría contra lo establecido en la CDI, en la cual se “reconoce que es responsabilidad de los Estados organizar y garantizar las elecciones libres y justas”. Además contempla que los países firmantes de la misma permitan la observación de la OEA en los comicios.
Aunque la lectura de Aguirre es que “los Estados miembros, incluyendo Nicaragua, pueden solicitar la observación electoral, pero no están obligados a pedirla”.
El político “aspiraba” a que el Gobierno permitiera la observación nacional e internacional “robusta y oportuna para borrar esa mácula y darle legitimidad a las elecciones de noviembre”.
Pero las reglas impuestas por Ortega “fue un punto de inflexión para Nicaragua en el período post 1990”, según Aguirre. Este período histórico es cuando públicamente Nicaragua se abre a la democracia tras el fin de la guerra de los años ochenta.
DÍAZ: ES UN MANDATO
Díaz es actualmente diputado nicaragüense en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Al comparar la lista de condiciones claves que constituyen violaciones del artículo 3 de la CDI, que define los elementos esenciales de la democracia, con las acciones del gobierno de Ortega, sostiene que hay un irrespeto a los compromisos como Estado. Asimismo afirma que las misiones de observación electoral de la OEA “son parte del mandato de la Organización para ayudar y fortalecer la democracia y sus sistemas electorales”.
“Su ausencia (de observadores de la OEA) es una grave violación de los compromisos contenidos en la Carta Constitutiva de la OEA y su Carta Democrática Interamericana”, afirma Díaz.
Para el diplomático, ante este escenario cabe pedir a la OEA “aplicar a Nicaragua el artículo 20 para encarar esta anómala situación”.
El artículo 20 de la CDI establece que “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Díaz sostiene que la ausencia de observadores de la OEA se suma a las violaciones cometidas por el gobierno de Ortega que han alterado “el orden constitucional” y por tanto el orden democrático.
Señalan irregularidades
Las indicaciones mínimas de violaciones a la Carta Democrática Interamericana (CDI) deben incluir, según los expertos, los siguientes puntos:
Violación de la integridad de las instituciones centrales, incluyendo pesos y contrapesos constitucionales que disponen la separación de poderes públicos.
La realización de elecciones que no satisfacen los estándares internacionales mínimos.
La no realización de elecciones periódicas o la inobservancia de sus resultados. Violaciones sistemáticas de las libertades básicas, como son la libertad de expresión, la libertad de asociación y el respeto por los derechos de la minoría. La terminación inconstitucional del período de gobierno de cualquier funcionario elegido legalmente, por parte de otro actor, sea o no elegido. La remoción arbitraria o ilegal, o la interferencia en el nombramiento o las deliberaciones de los órganos judiciales y electorales. La interferencia ilegal de parte de oficiales o actores no elegidos en la jurisdicción de oficiales elegidos. El uso sistemático de los cargos públicos para silenciar, hostigar o perturbar el desarrollo de las actividades normales y legales de los miembros de la oposición política, la prensa o la sociedad civil. Declaración no justificada de estado de emergencia.
