La expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, afirmó este martes que el poder judicial y el poder ejecutivo se están entrometiendo en las funciones que le corresponden exclusivamente al poder electoral, como es organizar, dirigir y vigilar las elecciones, según el artículo 168 de la Constitución Política del país, en clara violación a Ley Electoral.
Zelaya se refiere a la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó al CSE suspender los nombramientos de los miembros del Partido Liberal Independiente (PLI) en la estructura electoral departamental y regional, y en consecuencia también detuvo el nombramiento de los Consejos Electorales Municipales (CEM).
La exfuncionaria señaló que impedir que la segunda fuerza política más votada en las últimas elecciones presidenciales (2011) participe en la formación de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales (CED, CER y CEM) es violatorio al artículo 16 de la Ley Electoral.
Igualmente apuntó que el rechazo del presidente inconstitucional Daniel Ortega a la observación electoral es una clara violación al derecho a la observación electoral.
“Vemos a nada más y nada menos que al propio presidente de la República, que además es candidato a la reelección, donde dice que no va la observación electoral internacional, dándose una intromisión del poder ejecutivo, cuando la Ley es clara al decir que el Consejo Supremo Electoral es el que dirige el proceso electoral”, expresó Zelaya.
OBSERVACIÓN ELECTORAL
Zelaya hizo ver que aunque el mandatario sentó su posición en contra de la observación electoral, la Ley Electoral (Ley 331) establece en el numeral ocho del artículo 10, que el CSE tiene la atribución de “reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”.
También el artículo 27 de la Ley, numeral 8, sobre las atribuciones de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), establece que se debe permitir durante toda su actuación el acceso al local de los observadores debidamente acreditados.
La primera encuesta electoral de M&R Consultores, divulgada en marzo, reveló que más del 83 por ciento de los encuestados quiere observación electoral nacional y 77.5 por ciento observación internacional.
CALENDARIO ELECTORAL
Zelaya señaló que la elaboración del calendario electoral en consulta con las organizaciones políticas que gozan de personalidad jurídica (artículo 4 de la Ley 331), también fue un establecimiento violentado por los magistrados del CSE, porque ninguna de las observaciones que hicieron los partidos políticos fueron implementadas.
ORIGEN DE LAS VIOLACIONES
Asimismo manifestó que el origen de estas violaciones tiene que ver con el hecho de que el Gobierno y la Asamblea Nacional desoyeron la demanda del sector empresarial, de la Iglesia católica, de los partidos políticos, de las organizaciones civiles y la ciudadanía en general, que clamaron por nombrar personas sin inclinaciones partidarias en el CSE y que no fueran las mismas que han sido cuestionadas en los últimos procesos electorales.
Zelaya señaló que en cambio se nombró a personas afines al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
ELECCIONES 2016
El domingo 6 de noviembre están previstas las elecciones para elegir presidente de la República, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Las elecciones serán dirigidas por los mismos magistrados que han sido acusados de fraude electoral en las últimas cuatro elecciones y por nuevas magistradas afines al partido gobernante FSLN.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) es una de las instituciones más cuestionadas del país por las constantes irregularidades que han caracterizado las elecciones desde los comicios municipales de 2008.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) señaló un retroceso en la “calidad democrática” de los procesos electorales en Nicaragua, por la “escasa transparencia y neutralidad” con que fueron administradas las elecciones presidenciales de 2011.
Igualmente las organizaciones de observación electoral nacionales Ética y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) restaron credibilidad a los resultados electorales, por el sinnúmero de irregularidades que se registraron en los últimos procesos electorales en el país.