El Congreso salvadoreño pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negar a España la extradición de cuatro militares involucrados en la masacre de seis jesuitas en 1989 para no “reabrir heridas del conflicto armado”.
Este miércoles, el Congreso aprobó con 50 votos, de 84 posibles, la emisión de un pronunciamiento en el que sostiene que “no debe autorizarse la extradición de los militares en mención”, por parte de la CSJ, “ni continuar con la persecución” de los prófugos para “mantener el orden, el estado de derecho y la soberanía”, explicó el diputado de derecha Ernesto Muyshondt.
Según el congresista, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), esta iniciativa fue aprobada porque obedece al “respeto al proceso mediante el que se logró la paz”, tras 12 años de guerra civil (1980-1992) y al “principio universal de cosa juzgada”.
En septiembre de 1991 fueron condenados a 30 años de prisión el exdirector de la Escuela Militar coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza por la matanza de los sacerdotes y dos colaboradoras perpetrada el 16 de noviembre de 1989.
No obstante, una ley de amnistía general promulgada por el Congreso en 1993 impidió que estos concluyeran la pena y que continuara el proceso judicial.
PROCESO SIMULADO
En el juicio, que fue catalogado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “proceso simulado”, también fueron juzgados otros 7 uniformados, pero estos fueron absueltos de los cargos.
“La gente que cometió ese crimen ya fue juzgada, ya fue condenada, y no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa”, aseguró el diputado.
Añadió que otra razón por la que sostienen que la extradición no debe proceder es que “en el momento en el que se cometió ese crimen, que fue atroz, nuestro marco constitucional no comprendía la extradición”.
“El reabrir las heridas del conflicto armado vendría a desatar una serie de problemas”, añadió.
ABRIR MÁS CASOS
Explicó que la extradición también podría desencadenar en el inicio de una serie de procesos legales contra quienes cometieron “crímenes de guerra”, pese a la existencia de la amnistía.
“Incluso tendría repercusiones de que nos quedáramos sin Gobierno, porque buena parte del Gabinete, empezando por el presidente y el vicepresidente, se verían en la incomoda situación por crímenes que cometieron durante la guerra, no queremos que se abrieran esas heridas del pasado”, apuntó.
El Salvador es gobernado actualmente por la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el jefe de Estado, Salvador Sánchez Cerén, fue comandante de uno de los principales grupos armados que formaron dicha organización.
APROBACIÓN
El pronunciamiento fue aprobado con los votos de los partidos de derecha Arena, Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA); el FMLN se abstuvo de emitir voto.
El pasado 5 de febrero, las autoridades salvadoreñas procedieron a ejecutar las órdenes de captura contra 16 militares requeridos por la Audiencia Nacional de España por la masacre de los religiosos, no obstante, solo fueron detenidos 4 y los restantes 12 se encuentran prófugos.
Los cuatro capturados por la Policía salvadoreña son Guillermo Benavides (condenado en 1991), los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
La matanza fue perpetrada por un escuadrón elite del Ejército que irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno.
También fue ultimado el salvadoreño Joaquín López, y las colaboradoras Elba Julia Ramos y su hija Celina.