El director de programas para América Latina de Freedom House, Carlos Ponce, dijo que ese organismo observa con gran preocupación la nueva radicalización en el proceso electoral del gobierno del inconstitucional Daniel Ortega.
Afirmó que el gobierno de Nicaragua ha retrocedido en la promoción de los valores democráticos y se han aumentado las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
Ortega gobernó en la década de los 80, siendo parte de la Junta de Gobierno de 1979 a 1984, ganó las elecciones en 1984 y gobernó hasta 1990, tras ser derrotado en las urnas por Violeta Barrios. Su administración se caracterizó por cerrar los espacios democráticos, en medio de la guerra que desangró al país, que tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Estados Unidos que financió a la contrarrevolución.
“Hay un mayor debilitamiento de lo que es el Estado de derecho, los riesgos que representa una nueva radicalización por parte del gobierno en torno a medidas que ha tomado en el proceso electoral. Preocupa el tema de la independencia de la instituciones, de la transparencia del proceso electoral, que haya eliminación de partidos políticos [de la contienda electoral] con un consenso judicial que a todas luces pareciera dudoso y pareciera poco transparente de un tribunal que no muestra independencia en su accionar”, acotó el activista de derechos humanos.
Para Ponce, la negativa del presidente inconstitucional de impedir el acceso de observadores internacionales en las elecciones presidenciales de noviembre próximo es inexplicable y demuestra debilidad del gobierno sandinista.
“No entendemos como sabiendo que hay unas dudas razonables no se permita la observación porque es una forma de demostrarle al mundo que están realizando un proceso transparente y que no hay nada que temer”, sostuvo.
Las elecciones municipales en el 2008 fueron señaladas por la oposición como fraudulentas. En 2011, observadores locales e internacionales cuestionaron la opacidad del proceso y señalaron un retroceso en la democracia de Nicaragua.
Ponce es una de las 14 personas que el gobierno de Ortega ha expulsado del país. Al activista le fue impedido su ingreso a Nicaragua por la administración sandinista en febrero cuando visitaba el país para reunirse con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Managua, y representantes de la sociedad civil.
El considera que ese tipo de acciones no abona a la imagen del gobierno de Nicaragua a nivel internacional. “La imagen de país sufre, es intolerancia a posiciones que pudieran ser contrarias a lo que el gobierno no quiere escuchar en vez de estar listos para recibir críticas constructivas respecto a mejorar ciertos procesos. [Ortega]Cree que con no dejar entrar o expulsar a un activista, a un investigador académico se va a tapar las condiciones en que actualmente se encuentra Nicaragua”, aseveró refiriéndose a la reciente expulsión del académico estadounidense Evan Ellis.
En torno a la nueva candidatura presidencial de Ortega, la tercera de manera consecutiva desde que volvió al Ejecutivo en 2007, Ponce señaló que la actuación del mandatario es el reflejo del irrespeto al marco legal y constitucional del país, la imposición de reelegirse, y el poco interés a los derechos fundamentales.
Para Ponce es necesario que en Nicaragua haya un fortalecimiento de la sociedad civil, que se ha debilitado.
