Encontrándonos inmersos en un proceso electoral nos parece oportuno retomar las propuestas que sobre aspectos sociales, económicos y político-institucionales contiene la Agenda Básica de Nación para el Cambio, que el Movimiento por Nicaragua (MpN) ha presentado a la opinión pública. Ojalá estas propuestas contribuyan a estimular a los candidatos de los diferentes partidos políticos a hacer públicas sus respectivas propuestas sobre los problemas que más afectan a nuestro pueblo, a su desarrollo económico sostenible y a la crisis institucional que padecemos.
En la Agenda Básica que ha propuesto el Movimiento por Nicaragua, ocupa el primer lugar la “Garantía de los Derechos Sociales con Servicios Básicos Accesibles y de Calidad”.
En la lógica de la Agenda, esta garantía es prioritaria, desde luego que el fin último de la política es el bien común y la garantía del disfrute de los derechos sociales se ciñe al bienestar de la gente.
La Agenda trata de responder a las demandas más sentidas de los diferentes sectores y a los reclamos más reiterados de los movimientos sociales.
La Agenda explica que para lograr el pleno disfrute de los derechos sociales se requiere un crecimiento que promueva “un desarrollo humano que traiga progreso para todos sin exclusión”. Mas, el bienestar de todos y el desarrollo humano sostenible requieren, como base de sustentación, una sólida institucionalidad que propicie la gobernabilidad democrática y favorezca un crecimiento económico con equidad que genere un bienestar general.
En esta oportunidad vamos a reseñar, brevemente, la sección primera de la Agenda que, como señalamos antes, se refiere a los derechos sociales.
La Agenda del MpN no propone cancelar los actuales programas sociales del actual gobierno sino reorganizarlos, “a fin de mejorarlos y despejarlos de su carácter populista y partidario”. Para erradicar el hambre que sufren los sectores más desfavorecidos, la Agenda propone asumir un enfoque de Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), “a través de un programa nacional para la erradicación de la desnutrición en las zonas rurales” aplicando correctamente, sin favoritismos partidarios, el “Programa Hambre Cero”.
De suma importancia es lo que propone la Agenda en lo referente a la educación, como herramienta clave para el desarrollo y como derecho humano fundamental: “Diseñar un sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta el superior, con calidad, continuidad curricular y pertinencia a las verdaderas necesidades de los diferentes sectores sociales, priorizando la educación preescolar, básica, técnica media y técnica superior. Prohibir terminantemente la partidización de la educación y asignar el 7 por ciento del PIB a la educación. Garantizar plenamente la autonomía universitaria y dignificar la profesión del magisterio, elevando al nivel superior la formación de los maestros y asignándoles salarios, al menos, equivalentes al monto de la canasta básica y, gradualmente, iguales al promedio centroamericano”.
Para la salud, la Agenda propone: “Garantizar la calidad, buen trato y gratuidad efectiva de la salud pública, con énfasis en la salud preventiva, la investigación y el uso complementario de la medicina alternativa y autóctona”.
Una de las más reiteradas demandas de la población es el acceso a una vivienda digna. La Agenda, a este respecto, propone: “Financiar bancos de materiales accesibles a la población de menores ingresos y fortalecer la inversión estatal en viviendas de interés social accesibles a todos los nicaragüenses, sin requisitos partidarios”.
Frente al problema del agua, la Agenda es categórica cuando propone: “Asegurar la conservación de las fuentes de agua y elevar la inversión en acceso al agua potable a nivel rural y urbano, para dar cobertura efectiva y de calidad”.
No podía faltar en la Agenda, una propuesta referente a la seguridad social, para lo cual se propone: “Reestructurar el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), poniendo al frente de él personas competentes que lo administren sin compromisos políticos y de manera transparente, para garantizar la sostenibilidad de fondos necesarios para los jubilados y pensionados”.
Finalmente, en cuanto a la energía y los combustibles, un problema muy sentido por todos los sectores sociales, la Agenda pide: “Revisar el costo de los servicios derivados del petróleo y ajustarlos a los nuevos precios internacionales del crudo, en beneficio de la población y de la producción, eliminando la tasa exagerada de sobreganancia”.
El autor es jurista y catedrático.