El régimen orteguista ha dejado a una gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses, probablemente la mayoría, sin opción para votar y mucho menos para elegir.
Al quitarle a Eduardo Montealegre la representación legal del PLI y dejar sin casilla electoral a este partido y a la alianza Coalición Nacional por la Democracia; y luego al liquidar a la directiva del Partido de Acción Ciudadana que era la última oportunidad que quedaba a la oposición, Daniel Ortega ha dejado a los ciudadanos opositores y a todos o casi todos los que se consideran independientes, sin opción para votar ni candidatos para elegir.
Esto hay que dejarlo claro. No es que la organización política que preside Eduardo Montealegre, y la Coalición Nacional por la Democracia, han decidido abstenerse de participar en las elecciones, como maliciosamente el régimen lo ha dado a entender y algunas personas ingenuas han caído en el engaño. Es que la decisión de Daniel Ortega, ejecutada por la Corte Suprema de Justicia, de quitarle el reconocimiento legal y la casilla electoral al PLI que preside Montealegre, y después la operación judicial contra el PAC, ha dejado a la oposición sin derecho de participar en las elecciones de noviembre.
Vamos a ver: En los comicios de noviembre de 2011 el PLI y sus aliados tuvieron el respaldo de 778,889 votos, el 31 por ciento del total. Eso le permitió a la oposición colocar 27 diputados en la Asamblea Nacional.
En realidad los votos a favor del PLI y sus aliados fueron muchos más, sin embargo el fraude orteguista solo les dejó la cantidad mencionada. Pero aún en el caso de que no se hubiese hecho el fraude que confirmaron las misiones de observación electoral, y aunque los resultados que dio a conocer en aquella ocasión el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Daniel Ortega fueran correctos, a los 778,889 ciudadanos que se les reconoció entonces como votantes de la oposición, el orteguismo los ha dejado ahora sin opción para votar ni elegir.
Es muy difícil, por no decir imposible, que esos ciudadanos vayan a votar por Daniel Ortega o por los partidos y candidatos zancudos que se inscribirán para servir de comparsas del FSLN, o para ver qué agarran.
De manera que no es que la oposición (partidos, movimientos políticos, organizaciones cívicas y ciudadanos) ha renunciado a participar en las elecciones, es que no le permiten participar. La oposición no está optando por la abstención electoral, es que la han dejado sin opción para ir a votar.
La oposición no puede renunciar a las elecciones porque estas constituyen el único mecanismo democrático legítimo para elegir y cambiar gobernantes y representantes. En consecuencia, al convertir el régimen orteguista las elecciones en farsa electoral, lo que corresponde es luchar por recuperar el derecho de votar y elegir, que se conquistó en 1990 y por ahora se ha perdido.
Además, sabiendo que lo que habrá en noviembre no es elecciones, sino farsa electoral, ya no tiene sentido seguir pidiendo observación electoral internacional ni nacional.
