La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 afirmó que la soberanía reside esencialmente en la nación y que ningún cuerpo ni individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella, sustituyendo así el derecho divino de los reyes con el moderno principio de la soberanía nacional. Y la soberanía nacional se identifica con la soberanía popular, es decir, la democracia. Sin democracia efectiva, sin ciudadanos, no existe nación. Este principio de la soberanía popular está consagrado en nuestra Constitución en el Artículo 2, que ha sobrevivido a todas las reformas, cuando dice que la soberanía nacional reside en el pueblo y que es este quien ejerce el poder soberano por medio de sus representantes libremente electos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación.
El arduo proceso de construcción de nuestra nación se ha desarrollado en contra del faccionalismo y el localismo. Tras la independencia cada ciudad se declaró soberana y en cada ciudad el correspondiente cacique o caudillo se arrogó la representación de la nación. Desde entonces, la voluntad popular ha sido permanentemente suplantada por la voluntad del dictador, una forma de regreso al derecho divino de los reyes, que nos ha condenado hasta hoy a pulular sin dirección en el atraso y violencia característicos de la premodernidad.
El principio de elecciones libres, abiertas y periódicas, a través del cual se expresa la soberanía nacional, implica no solo contar con mecanismos que garanticen el conteo honesto de los votos y la participación en condiciones de igualdad de las distintas fuerzas políticas, sino también el respeto a las diferentes opciones político ideológicas y alternativas programáticas surgidas del mismo seno de la nación.
Los últimos acontecimientos —el rechazo a la observación nacional e internacional de las elecciones previstas este año y el despojo de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a quienes la ostentaban—, no han hecho sino confirmar lo que ya todos sabíamos: que Ortega no tiene la más mínima intención de abandonar el poder y que no está dispuesto a arriesgarlo con el formalismo de unas elecciones democráticas. Lo que habíamos avanzado en términos de nación, de separación y diferenciación entre lo público y lo privado, ha sido borrado por diez años de privatización y apropiación personal del Estado, sus poderes, símbolos y recursos materiales y humanos. Gigantesca desnacionalización y privatización, que ha convertido a Ortega en el hombre más rico y poderoso de toda la historia del país.
Sería un error considerar sus últimas decisiones, que eliminan el principio de elección popular, como un golpe a un partido o alianza política determinados, a unos candidatos en particular. No solo constituyen un golpe a la democracia: son un atentado contra la nación, a la que esas decisiones pretenden anular; un golpe a la soberanía popular, que la voluntad del tirano pretende suplantar.
La respuesta a esta inaceptable pretensión, por tanto, no puede venir únicamente de las fuerzas políticas directa e inmediatamente afectadas. “No permitamos que una minoría secuestre a la nación”, advertía, premonitoriamente, el Manifiesto recientemente publicado por el Grupo de los 27. Solamente la nación podrá soltarse de las garras de Ortega, confiscada y acogotada como está por los delirios de grandeza y los sueños de eternidad de un individuo violento, corrupto y sin escrúpulos.
Las preguntas obligadas son, sin embargo, si existe entre las fuerzas más avanzadas que vertebran la nación la conciencia y lucidez suficientes para ver más allá de sus narices, de su interés político y económico inmediato; si existe entre la masa ciudadana la conciencia y disposición de organizarse, unirse y movilizarse; y si existe entre esa mayoría ciudadana el nuevo liderazgo que requiere esta lucha formidable. Solo el pueblo salva al pueblo —rezaba una consigna de los años ochenta— y hoy de eso es de lo que realmente se trata. De que el pueblo se salve a sí mismo, ejerciendo su derecho soberano.
El autor es jurista y catedrático.
