Los exportadores nicaragüenses corren el riesgo de perder competitividad en el mercado de Estados Unidos, luego que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, expulsara a inspectores de ese país que vinieron a verificar plantas de producción locales, para certificar que las empresas pueden ingresar sus productos de forma rápida y a menor costo.
“Tenemos un programa con el DR-Cafta, que igual si estas empresas no son certificadas lo que significa es que mañana pueden ser determinadas como empresas no originarias y si son determinadas como empresas no originarias, significa que tenemos que pagar arancel para entrar a Estados Unidos a pesar del Cafta”, advirtió ayer el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
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Sin explicación clara, el pasado 14 de junio las autoridades de Nicaragua expulsaron a tres ciudadanos estadounidenses, dos de ellos inspectores comerciales de ese país.
Aguerri explicó que los inspectores estadounidenses se encontraban en Nicaragua en el marco de un programa conocido como la Alianza Aduana-Sector Privado contra el Terrorismo (C-TPAT por sus siglas en inglés), que funciona desde 2001 y que estos venían al país periódicamente sin necesidad de obtener un permiso gubernamental.
“Esto significa que el producto que está certificado no tiene que hacer fila (para entrar a Estados Unidos), no tiene que aumentar sus costos por los procesos de espera y esto se traduce en menos costos, en cumplimiento de contratos, esto se traduce (que) es mucho más rentable para las empresas que estos programas se den”, refirió Aguerri.
Pero lo que más le preocupa a Aguerri es que ahora se requiera un tiempo extenso para obtener del Gobierno de Nicaragua un permiso para que los inspectores estadounidenses ingresen al país.
Ahora “que se han cambiado las reglas del juego”, el Cosep espera que el proceso de obtención de ese permiso se haga “de manera rápida, eficiente, expedita, que no nos detengan los procesos porque si no, esto va a afectar la generación de empleo de los nicaragüenses”.
LA EXPULSIÓN TENDRÁ CONSECUENCIAS
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, coincidió ayer con la explicación de Aguerri, al tiempo que aseguró que sin las certificaciones las exportadoras no podrán enviar fácilmente sus productos hacia EE.UU.
Por dicha acción, Dogu afirmó: “Vamos a ver el impacto aquí en Nicaragua. Por parte de la embajada no queremos ver esto pero necesitamos estar seguros que nuestros empleados pueden entrar a Nicaragua sin problemas en el futuro, antes de entrar otra vez”.
El Estado de Nicaragua, en una nota oficial, afirmó que los funcionarios vinieron al país a desarrollar sus actividades y que las autoridades nacionales desconocían de esto.
Dogu afirmó que “ese proceso empieza con el sector privado, no es una relación entre gobiernos, y los oficiales habían venido aquí muchas veces antes para hacer exactamente igual, sin ningún tipo de coordinación con el gobierno. Obviamente, según lo que el gobierno dijo, las reglas han cambiado, pero nadie compartió esta información con nosotros en la embajada antes de esta visita”.
“Esta visita fue bajo el rubro de una empresa en los Estados Unidos que estaba tratando de importar productos nicaragüenses a los Estados Unidos. Ellos hicieron los planes para esta visita, no fue por parte de la embajada tampoco, ellos llegaron aquí con permiso de la embajada pero no fue por parte de la embajada”, detalló Dogu.
Sobre la expulsión de Evan Ellis, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, quien vino al país a realizar una investigación sobre el proyecto del Canal Interoceánico, Dogu afirmó que “recibimos información horas antes de su salida del país, él anunció su intención cuando entró en el país y antes de venir aquí pidió varias reuniones con oficiales del Gobierno de Nicaragua. Entonces su visita no fue una sorpresa, el tema no fue una sorpresa, la reacción del gobierno fue una sorpresa para él (Ellis) y para nosotros”.
¿QUÉ INSPECCIONAN?
El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección, Dean García, dijo que sin esa certificación las empresas al enviar sus productos corren el riesgo de que sus cargamentos sean inspeccionados en frontera estadounidense y eso implica costos en el pago de aduanaje, almacenaje, entre otros.
García dijo que unas diez empresas de zona franca estarían afectadas por la expulsión de los funcionarios estadounidenses, porque son las que en un futuro no muy lejano requerirán la renovación de sus certificados. “Si el permiso (del Gobierno de Nicaragua) se dilata (tarda) es ahí donde vamos a tener problema”, afirmó.
Con la certificación, Estados Unidos se asegura que las exportadoras estén cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura, cumplimiento laboral, cumplimiento medioambiental, que haya cámaras de seguridad para monitorizar lo que se mete en cada caja que se envía a ese país, entre otros.
US$913.40 millones ascendieron el año pasado los ingresos por exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos, sin incluir zona franca, de un total de 2,531 millones de dólares que se registró por este concepto.
