La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) se declaró “incompetente” de resolver el problema que enfrentan los propietarios de cerca de cien camionetas traídas al país por nicaragüenses que regresaron a su nación o enviaron un instrumento de trabajo a sus familiares.
La DGA les aplicó el artículo 282 de la Ley de Concertación Tributaria que a través de una fe de errata publicada en enero del 2015 prohibió la importación de vehículos usados con más de diez años de fabricación.
Los afectados reconocen que la ley es clara, pero consideran que se les aplicó “anticipadamente” ya que para la publicación de esta prohibición las camionetas ya habían salido de Estados Unidos y venían en tránsito hacia Nicaragua.
Después de 15 meses de gestión, ayer los recibió el director de la división de asuntos jurídicos de la DGA, Juan José Obando, pero les dijo que “solo la Presidencia puede resolver este problema”.
“Otra opción que nos dan es que reexportemos nuestros vehículos a países vecinos o los llevemos de regreso a Estados Unidos, pero están desmantelados y solo podríamos venderlos como chatarra”, dijo César Castillo, representante de los afectados.
VEHÍCULOS ESTÁN DESMANTELADOS
Los denunciantes demostraron con diversas fotografías que las camionetas están desmanteladas, por lo que Obando les aconsejó “demandar a la DGA por los daños”, pero también les aclaró que después de veinte días en Aduana los vehículos son declarados en abandono, por tanto el Estado tiene la facultad de “cortarlos y venderlos como chatarra”.
Además, según Pedro Isaías Tórrez, los funcionarios de la DGA “son tan sinvergüenzas que si alguien decide reexportar su vehículo le cobran dos dólares por cada día que ha estado parqueado en los patios de la Aduana, aunque no son capaces de impedir que los desmantelen”.
Para Óscar Aráuz es “inconcebible que existan instituciones en las que los funcionarios reconozcan que todas las decisiones las toma la compañera (primera dama Rosario Murillo)”.
Según Franklin Alaniz han buscado apoyo por todos los medios, incluido el asesor para asuntos económicos Bayardo Arce y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y al alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, “que por ser de la misma ciudad que la mayoría de los afectados podrían ayudarles”, pero hasta ahora no ha sido posible, por lo que advierten que de no obtener respuesta en los próximos días promoverán cierre de las carreteras y otras acciones de protesta.
PIERDEN SUS AHORROS
Desde marzo del año pasado 29 camionetas están retenidas en la Aduana El Espino, 17 en Guasaule, 20 en El Rama y 32 en almacenes de depósito en Managua.
Todos los vehículos a pesar de su antigüedad llegaron al país en perfectas condiciones, sin embargo, actualmente están casi destruidos.
“Esos vehículos a pesar de ser viejos estaban en mejores condiciones que muchos de los que andan en las calles de Nicaragua. Además, las autoridades deberían entender que somos gente pobre que nos sacrificamos para traer un medio que nos facilite el trabajo aquí y en lugar de ayudarnos nos hacen perder los pocos ahorros que con muchos sacrificios nosotros o nuestros parientes pudimos hacer en Estados Unidos”, dijo Óscar Arauz.
