La reciente denuncia de la captura de tres campesinos en Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa, por informaciones vertidas por “orejas”, significa para defensores de derechos humanos, el retroceso a lo que fue la persecución en tiempos de la dictadura somocista.
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Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, esto es parte del mismo espionaje denunciado también por otro lado por campesinos de La Fonseca, Nueva Guinea.
“El espionaje es una forma de represión”, refirió Núñez. La presidenta del Cenidh lamentó que la gente identifique a los informantes con el término de “orejas”, pues esto representa de que en el imaginario colectivo hay una relación del comportamiento de estas personas con la Guardia Nacional.
ES UN RETROCESO
Con la presidenta del Cenidh coincidió el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, quien recordó que en el pasado con la dictadura de Somoza, este tipo de personas se prestaban para el militarismo y a su vez en asesinatos, en momentos en que el Estado perdió el control del respeto de los derechos humanos.
“El Estado retrocede en el tiempo hacia los tristes momentos en que vivió la sociedad nicaragüense, al frente de una dictadura, es decir, son prácticas que están en la mente de la sociedad como prácticas que enlutan la libertad, el estado de derecho y la democracia y el respeto hacia los derechos fundamentales”, manifestó Leiva.
Núñez advirtió, por su parte, lo peligroso de actuaciones policiales tras versiones que pueden proporcionar personas que podrían estar animadas por otros intereses, como la venganza personal. También, estimó que el acoso y persecución a una persona, puede significar intimidación y tortura psicológica.
Recordó que aunque las instituciones cuentan con órganos de inteligencia, su actuación debe ser conforme a normativas que no deben violentar los derechos humanos de la población. Y esto puede indicar el resquebrajamiento de la institucionalidad.
CPDH: “SE HA VUELTO COMO ALGO COTIDIANO”
El responsable de proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, señaló que aunque no han recibido denuncias concretas como la de los tres campesinos de Rancho Grande, las detenciones arbitrarias “se han vuelto como algo cotidiano”, por parte de la Policía Nacional.
Una institución seria debería proceder a investigar, dijo Darce, quien señaló que “estamos viendo que la actuación de la Policía está siendo cada vez más por fuera de la ley”. Y apuntó que han habido casos en los que más bien los detenidos son trasladados de sus comunidades hasta las celdas de El Chipote, en Managua.
Sobre las denuncias de acoso y espionaje, Darce dijo que el país no está en estado de emergencia, el cual es aplicado únicamente en casos de desastres naturales, por cuestiones económicas o porque la estabilidad del Estado de Nicaragua esté en peligro, y señaló, ninguna de esas situaciones ha ocurrido.
RECRUDECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
Para el consultor independiente en temas de seguridad ciudadana, Roberto Orozco, estas situaciones reflejan que el tratamiento que el gobierno está dando a todos los problemas de oposición, de protesta, de resistencia política, es contrainteligencia.
Según Orozco, eso implica un recrudecimiento de la seguridad así como de la represión.
Y eso también representa, a criterio de Orozco, que con cualquier sospecha, “ni siquiera van a esperar conseguir pruebas, toda sospecha va bajo ese tipo de tratamiento y por tanto habrá encarcelamiento injustificado y desapariciones”.
“Es decir, primero es la cárcel y después la investigación… no hay garantías de los derechos”, sostuvo Orozco quien manifestó: “Aquí los derechos ciudadanos no importan, cuando vos le das un tratamiento de seguridad, de inteligencia, contrainteligencia al tema de la resistencia política, aquí los derechos individuales no están garantizados, no importan”.
Esta situación le llevó a considerar a Orozco que el país está “en un estado muy particular que se puede asemejar a un estado de excepción… viejos esquemas, primero la captura y después te investigan, eso es lo que pasó con los tres campesinos que capturaron, y cuando no encontraron ningún argumento ninguna evidencia los tuvieron que soltar”.
LOS QUE VIGILAN PROTESTAS
Mauricio Roa, exoficial de la dirección de contrainteligencia del Ejército Popular Sandinista y quien apoya las protestas contra el gobierno, explicó que en las manifestaciones se pueden identificar dos tipos de elementos que vigilan a los opositores: los colaboradores y los policías vestidos de civil.
Según Roa, quienes se infiltran dentro de protestas son civiles orientados por la Policía, pero también están los especialistas de inteligencia y otros órganos que se colocan detrás de los retenes o en el parqueo de Metrocentro.
También, “hay personas que sin ningún distintivo de periodistas andan grabando entre los protestantes”, señaló Roa.
Leonor Álvarez
