Crismary Rivera Montenegro no tuvo mucha suerte con el bono productivo que le entregaron en 2011. Fue un “bono pequeño”, compuesto por una cerda, diez gallinas (de granja) y cuatro pelibuey. Hoy, solo le queda la cerda, que le ha dado cuatro partos y con la venta de las crías ha logrado tener ingresos extras a los que eventualmente consigue su compañero trabajando en el campo.
Sin embargo, más que lamentarse por lo que ella llama “mala suerte” con los animales, hace un reclamo en relación con el bono: que el mismo incluya un programa de legalización de las tierras que trabajan o sostienen las mujeres cabezas de familia, que conforman el núcleo de beneficiarias del programa del bono productivo alimentario.
“Yo lo que pido es que nos ayuden con la tierra. El bono es una buena ayuda, que nos ha servido para dar de comer a nuestras familias, pero sería mejor si incluyera la tierra, para que la podamos trabajar sin miedo a que nos la quiten”, dijo Crismary, mientras sostenía a su pequeña niña.
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El reclamo de Crismary no es ausente. Al menos cinco de las beneficiarias consultadas por LA PRENSA reclamaron que el bono productivo o algún otro programa gubernamental incluyera el tema de la tenencia de tierra para las mujeres que son cabeza de familia.
El tema de la tenencia de las tierras se establece en la Ley 717. El 4 de mayo pasado mujeres rurales protestaron en Managua en demanda del cumplimiento del artículo 3 de dicha Ley, referida a la creación de un fondo para la compra de tierras, primer paso para legalizarla. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho eco de la demanda.
¿Y EL DINERO?
Otro de los reclamos hacia el manejo del Hambre Cero es que se desconoce qué pasó con el dinero que entregaron las beneficiarias para crear un fondo revolvente, que supuestamente serviría para dar préstamos a ellas mismas. El dinero era entregado a los coordinadores del Gabinete de la Familia, para ser colocados en una cuenta bancaria en las cabeceras municipales o departamentales.
Adilia Vega Vega fue una de las beneficiarias del Programa Hambre Cero que estuvo entregando dinero para dicho fondo, producto de la venta de los animales. Ella asegura que logró manejar tan bien su bono que incluso pudo hacer algunas mejoras a su casa.
“Yo estuve dando, me acuerdo cuando vendía algunos de los chanchitos o de las gallinas, pero después no supe lo que pasó con esos reales. Como no me decían nada, dejé de darlos. Yo creo que di como 600 pesos, no me acuerdo bien. Hasta un chanchito di, me acuerdo, porque me decían que con eso sí iba a formar parte de otro bono que iban a seguir dando a otras familias”, cuenta la señora Vega Vega.
DESINFORMACIÓN CON EL AHORRO
Un estudio del Grupo Venancia publicado en noviembre del 2014, refleja la preocupación de las beneficiarias del bono productivo alimentario en relación con el componente del ahorro.
“En cuanto al uso del fondo revolvente para préstamos hay mucha desinformación. La mayoría de beneficiarias lo ven como algo que les pertenece y sobre lo que ellas puedan decidir. En ese sentido, se hace evidente la fuerte dependencia del personal técnico y la concentración del poder dentro de los mismos núcleos en una líder, que es quien puede manejar la tarjeta”, cita el estudio.
Esto refiere a aquellos casos en que las beneficiarias formaban parte de una cooperativa de mujeres. Ahí eran las dirigentes de la misma cooperativa las que se encargaban de manejar el dinero recaudado.
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“No hay claridad sobre el funcionamiento del mismo (el fondo revolvente): ¿Quién toma las decisiones sobre los préstamos, quién puede hacer uso de él? ¿Qué pasa a las mujeres que no terminan de pagar, si es obligatorio el pago de las cuotas? Qué se hace con el dinero ahorrado cuando el núcleo deja de estar activo?”, son preguntas del informe.
El mismo estudio establece que el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), que actualmente está a cargo de ejecutar el programa, dispuso que el dinero de estos préstamos se debería usar para proyectos productivos de las mismas cooperativas, pero no se han logrado establecer mecanismos eficientes de ejecución.
329.8 millones de córdobas es lo que se destinó en el Presupuesto General de la República 2016 para la ejecución del programa del Bono Productivo Alimentario, a cargo del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
DESPÚES DEL BONO NO HAY MÁS AYUDA
Vilma Vega, beneficiaria del bono productivo alimentario desde el 2011, mencionó que uno de los pedidos que han hecho a los Gabinetes de la Familia es que las beneficiarias de este programa también puedan acceder a otras iniciativas como el Usura Cero o el denominado Bono de Patio.
“Lo que hemos pedido es que además del bono nos puedan dar otras ayudas para salir adelante o si nos pueden dar otro bono, porque siempre es bueno que nos sigan ayudando”, dijo mientras alimentaba a las gallinas indias que le quedaron luego de cambiar las gallinas de granja que le dieron en el programa.
Clemen del Carmen Pérez Zeledón es la tesorera de la Cooperativa Multisectorial de Mujeres Emprendedoras de Matiguás, de la cual dice que en su caso, las socias que fueron beneficiadas con el bono productivo trabajaron para construir un centro de procesamiento en Matiguás, que todavía no funciona.
La idea es que el centro de procesamiento sirviera para el destace de cerdos y venta de otros animales, pero por falta de financiamiento no han logrado hacerlo arrancar.