Hasta la fecha el rumbo del proyecto hidroeléctrico Tumarín sigue siendo un misterio, pues según el diputado Carlos Langrand, de la Bancada Alianza Liberal Independiente (Bapli) el poder ejecutivo ha ordenado a los diputados de la Asamblea Nacional no abordar ningún tema que pueda desnudar las realidades de proyectos fantasioso como este.
“El rol de la Asamblea Nacional está a la mínima expresión, eso es oficial incluso las reuniones de la comisión sólo abordan informes muy superficiales de lo que hacen las instituciones. Mi lectura es que no quieren que la ciudadanía conozca el fracaso de estas negociaciones, de los megaproyectos como Tumarín, el Supremo Sueño de Bolívar, el Canal, prácticamente la Asamblea está en coma inducido”, dijo Langrand.
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El diputado manifestó que ante el escenario actual es viable que el Gobierno y la empresa privada busque como llenar el vacío que quedar en el plan de expansión con la salida de Tumarín, porque considera que no se le dará más prórrogas.
“Si se le da un tiempo al proyecto va ser por un tema electoral, pero realmente es como echarle una pala de tierra y enterrar el proyecto, para que quede en la memoria de los nicaragüense, pero es una mentira que le van a dar otra prórroga. El segundo escenario de vender el proyecto creemos que no es viable, no es atractivo por la pésima imagen que tiene Ortega hacia el exterior, con socios tan importante como Estados Unidos y México”, dijo Langrand.
RENEGOCIACIÓN
Mientras tanto el exdiputado Agustín Jarquín Anaya manifestó que ahorita el proyecto esta en proceso de renegociación y es posible que entren socios de México.
“El proyecto se atrasó por su estado financiero, pero yo estoy convencido que este es un impase, porque está en proceso de renegociación, la estructura accionaria se conserva, entraran otras socios posiblemente de México”, explicó Jarquín.
En el mes de mayo el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, suspendió los fondos para Eletrobras, para la construcción de la hidroeléctrica Tumarín. La compañía brasileña es dueña del 45 por ciento de las acciones de Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), junto con el consorcio carioca Queiroz Galvão (45 por ciento) y el Estado de Nicaragua (10 por ciento).
El proyecto hidroeléctrico fue concebido desde el 2008 y concretado en el 2010 para generar energía en este año, pero en el 2014 fue retrasado hasta el 2019 por falta de financiamiento.