El proyecto de Ley estadounidense que condicionaría los préstamos a Nicaragua es visto por políticos opositores como un mecanismo de presión al gobierno de Daniel Ortega, para que cumpla los acuerdos internacionales de libertades públicas y derechos democráticos.
Este lunes se conoció que 12 congresistas de ambos partidos presentaron ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016, HR5708, (Ley de condicionalidad a las inversiones en Nicaragua), que tiene como objetivo que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de préstamos que realice el Gobierno de Nicaragua ante instituciones financieras internacionales.
El ex vicecanciller y diputado Víctor Hugo Tinoco considera que para la comunidad internacional se ha vuelta muy evidente la falta de cumplimiento del gobierno de Ortega a sus obligaciones internacionales.
Tinoco considera que para cualquier país que quiera ser parte del concierto de naciones, se vuelve indispensable cumplir las reglas preestablecidas y rubricadas por los países integrantes, en dicho caso Nicaragua es firmante de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, organismos internacionales como Human Rights Foundation (HRF) mostró su desacuerdo con la forma en que Daniel Ortega ha impuesto su reelección “de manera ilegal y fraudulenta”.
Pero el hecho que rebasó la tolerancia internacional fue la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —controlada por magistrados que responden a las órdenes del partido gobernante Frentes Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, que le quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre. Bajo el liderazgo de Montealegre, el PLI representaba la segunda fuerza política más votada en las últimas elecciones de 2011.
PROYECTO DE REPUDIO
Violeta Granera, quien iba a ser candidata a vicepresidenta por la segunda fuerza política del país en las elecciones del 6 de noviembre, manifestó que los congresistas estadounidenses están mostrando su repudió al gobierno de Daniel Ortega, debido a su irrespeto a los compromisos internacionales contemplados en la Carta Democrática.
Según Granera, los congresistas solo piden que el Gobierno de Estados Unidos sea consecuente con sus valores y principios democráticos y solidarios con el pueblo nicaragüense.
Recordó que durante la dictadura de la familia Somoza fue determinante la intervención internacional para sacar a Somoza del país, así que la acción de los congresistas la ve en ese mismo sentido.
OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de Ley es una respuesta de los congresistas estadounidenses a la falta de elecciones libres, justas y transparentes y la reciente expulsión de Nicaragua de tres estadounidenses.
De ser aprobado el proyecto de Ley, que entró a la Cámara de Representantes con un importante respaldo, sería un golpe para el régimen orteguista, debido a que Estados Unidos tiene un peso decisivo ante organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, para la aprobación de préstamos.
El diputado oficialista Jacinto Suárez no quiso comentar sobre esta iniciativa.
