Juana Borquez, de 34 años de edad, le quiere tramitar la cédula de identidad a su hija de 16 años, Ericka Paulina Martínez Borquez. El documento se lo pueden dar en las oficinas del poder electoral en Nueva Guinea, Caribe Sur, las que más cerca le quedan. Pero aún no ha ido porque primero le tiene que sacar la partida de nacimiento actualizada en Bluefields, ya que la localidad donde ellas viven, Monte Verde, pertenece a este último municipio.
No ha ido a Bluefields por “lo difícil del viaje”. Desde Monte Verde no pueden ir en línea recta a Bluefields, porque no hay carretera. En verano tal vez se podría, yéndose por una comunidad que se llama San Francisco, pero es una distancia muy larga para ir en bestia. Sobre todo, muy peligrosa.
Así que para ir a Bluefields, Borquez y su hija primero tienen que viajar por ocho horas sobre una bestia, por caminos muy malos y atravesar ríos caudalosos, para llegar a una comunidad en Nueva Guinea que se llama San Isidro, el último sitio adonde se puede ingresar en vehículo desde el Pacífico. En San Isidro tienen que abordar un camión que, pasando por La Fonseca y un camino lleno de “pegaderos”, las lleve hasta Nueva Guinea. Allí deberán abordar otro bus que las lleve a El Rama, donde deben abordar una embarcación que finalmente las lleve a Bluefields. Luego, regresar en esa misma ruta.
Ese es un viaje que, sumándole la alimentación y el hospedaje en Bluefields, puede tener un costo no menor a los 2,000 córdobas por persona. Y puede ser más caro si a la persona no la atienden en tiempo y forma en las oficinas adonde llegue a realizar los trámites.
EN EL ABANDONO
La situación de Juana Borquez y su hija la están viviendo miles de familias que habitan en unas comunidades que, teniendo mucho más cerca al municipio de Nueva Guinea, administrativamente pertenecen a Bluefields. Son al menos sesenta comunidades pequeñas que están dentro de lo que se conoce como el “triángulo sur” del país, en los alrededores del río Punta Gorda.
Raúl Antonio Bucardo, de 42 años de edad y habitante de la comarca Nuevo San Antonio, explica así el problema: “Dicen que pertenecemos a Bluefields, por las demarcaciones que son todas confusas. Se meten como unas cuchillas y abrazan nada más esa comunidad (Nuevo San Antonio), se meten como unas metidas y unas salidas, como las vueltas que tienen los mapas. Pero es difícil porque estamos aislados de Bluefields, se hace muy largo ir”.
El problema se torna más grave para esos pobladores porque, si se trata de pagar impuestos, Nueva Guinea se los acepta con rapidez, pero si es para resolver un problema les dicen que no pueden hacer nada porque pertenecen a Bluefields. “En Bluefields nos dicen que nos van a ayudar, pero solo en promesas se van”, se queja Denis Antonio Oporta, de 38 años de edad y poblador de la comunidad San Luis de Aguas Gatas.
La Alcaldía de Bluefields ha colocado ventanillas en dos de esas comunidades, Aguas Gatas y Daniel Guido, pero no satisfacen las necesidades de la población ya que ahí no se pueden tramitar todos los documentos que necesita la gente y, los que sí tramitan, demoran demasiado tiempo en llegar a las manos del solicitante.
“Aquí se hacen algunos registros en el Polo de Desarrollo de Aguas Gatas. Pero siempre hay que ir a traer la partida de nacimiento a Bluefields. Y la otra cosa es que la Alcaldía a veces sí los trae (los documentos), pero dilata un tiempo excesivo y tal vez la persona lo está necesitando para un proceso rápido. Por ejemplo, los muchachos que van a bachillerarse en este año necesitan la partida de nacimiento actualizada, entonces tal vez no la pueden sacar rápido y atrasa el proceso de la titulación de los bachilleres”, explica el poblador de Aguas Gatas, Víctor Silva Centeno, de 57 años.
Merlin María Álvarez Blanco, una joven de 17 años de edad y vecina de la comunidad Nuevo Delirio, afirma que muchos de sus compañeros de bachillerato no pudieron ir a la universidad porque no les llegaron a tiempo los diplomas. Y tampoco hicieron la fiesta de graduación.
IMPUNIDAD Y VIOLENCIA
Como consecuencia de la situación de abandono que se vive en esas comunidades, colindantes con el río Punta Gorda, la impunidad y la violencia reinan en la zona. Cuando se comete un delito y la Policía se lleva preso al delincuente, es difícil para las víctimas darle continuidad al proceso. “Muy difícil que nosotros nos podamos mover a Bluefields. Pasa el tiempo de que valen las denuncias y ellos (autoridades policiales y judiciales) dicen ya eso quedó impune, pasó el tiempo, y por eso se da todo tipo de violencia y se queda así, como que no valiéramos nada”, explica María Raquel Sequeira, de 41 años y pobladora de la comunidad Nuevo Delirio.
El último ejemplo de ese difícil acceso a la justicia es el asesinato de Enna María Gutiérrez Pérez, quien vivía en la comunidad de Aguas Gatas, en la comarca Concepción de Piedra Fina, en la finca La Gongolonia.
El día que mataron a Gutiérrez Pérez, el martes 26 de abril de este año 2016, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, a los familiares de ella se les hizo difícil hacer que la Policía llegara al lugar del hecho. La denuncia la interpusieron ese mismo día pero la Policía no llegó, sino hasta el siguiente día, como a las 9:00 de la mañana.
Las personas que viven esa zona son campesinos que subsisten principalmente de la agricultura y un poco del ganado. El día que la mataron Gutiérrez Pérez andaba con su hija, de 9 años, buscando una mula que se le había perdido. Estando ellas dentro de su propiedad descubrieron escondidos entre la maleza a dos hombres, identificados supuestamente como José Melecio Padilla Oporta y Nelson Antonio Romero Ramírez. Gutiérrez Pérez les preguntó por
qué estaban escondidos y los intrusos le respondieron que andaban buscando al marido de ella para matarlo.
La mujer comenzó a discutir con los dos hombres y les dijo que por ser hombres ella no les tenía miedo. Padilla Oporta habría sacado un arma y ella lo retó a que le disparara, reiterándole que no le tenía miedo. Padilla Oporta le habría pasado el arma a Romero Ramírez y le ordenó disparar. Dos disparos terminaron con la vida de Gutiérrez Pérez.
Fue hasta el 12 de mayo siguiente, 16 días después del crimen, que la Policía registra haber recibido la denuncia. Y fue hasta el 21 de junio pasado que la Fiscalía acusó formalmente por la muerte de Gutiérrez Pérez ¡en los juzgados de Bluefields! La familia tuvo que contratar a la abogada blufileña Ivis Bermúdez para que les apoyara con el caso en esa ciudad.
Los sospechosos habían tenido más que tiempo suficiente para huir, aunque los lugareños aseguran que siempre han andado en la zona sin que la Policía les capture. “Ha costado que la Policía haga algo”, lamenta la abogada Bermúdez.
A través del abogado Daniel Solano, el sospechoso Padilla Oporta se sometió ante la justicia. El 29 de junio pasado le realizaron audiencia y el juez Edgar Martín Henríquez Sotelo lo envió a juicio, pero ¡lo dejó libre! en un caso donde solo cabe la prisión preventiva para los procesados, y ahora el acusado debe presentarse cada 15 días ¡en los juzgados de Nueva Guinea!, mientras el juicio se realizará el próximo 23 de agosto.
El otro sospechoso, el que supuestamente realizó los dos disparos, continúa prófugo.
“Mucha gente sale libre porque los llevan preso y ¿quién lo va a ir a acusar?, lo captura la Policía, los llevan a Bluefields y queda libre porque nadie va a poner la denuncia”, lamenta Abel Marenco Gatica, de 49 años de edad y poblador de Santa Lucía de Punta Gorda.
LOS CAMINOS QUE MÁS DUELEN
El peor dolor de cabeza para los campesinos que salen a vender lo que cosechan son los malos caminos. “Lo más difícil es a la hora de pedir un proyecto de carretera. Presentamos los proyectos en Nueva Guinea, que es donde pagamos los impuestos y nos dicen que no porque pertenecemos a Bluefields”, se queja Luis Manuel Oporta Siles, de 29 años.
“Estamos en un abandono por parte del Estado. Los caminos, en primera instancia, aquí no nos hacen caso para nada. Solo vienen a echar unas cuatro piedras y nos dicen que nos esperemos. Después vienen a trabajar cuando ya está cayendo el invierno. Ese es el punto de más dificultad que tenemos en las propiedades”, dice Blas Ruiz Luna, de 60 años y habitante de Nuevo Delirio.
Debido a lo difícil de la situación hay gente que prefiere no salir de sus comunidades. “La gente no sabe lo que está pasando. Estamos en una comarquita como olvidada”, dice Bayardo Villalobos, de 36 años y poblador de San José de las Brisas. “Los caminos son muy malos y (las autoridades) nunca nos han oído”, lamenta José Andrés Rivas Jiménez, de 76 años y de Aguas Gatas.
Mariano Silva, de 52 años y habitante de San Luis de Aguas Gatas, explica que “si no es el caballo no hay otro medio. Pertenecer a Bluefields es realmente un perjuicio enorme para todas esas comunidades y ahí son perjudicadas aproximadamente como unas dos mil familias, en todo ese sector, desde el Polo Desarrollo, San Luis y otras comunidades aledañas”.
El “alcaldito” de Aguas Gatas, es decir, el delegado de la Alcaldía de Bluefields en la zona, Electerio Amador Urbina, dice que en infraestructura Bluefields apoya bastante pero admite que en los trámites personales sí existe inconformidad entre la población. Lo intenta “dibujar” pero no logra ocultar la problemática. “Hay asuntos de problemas de partidas (de nacimiento), porque está largo irlas a sacar a Bluefields, pero estamos trabajando más o menos. Lo difícil es la distancia”, alega.
Y cuando se trata de personas enfermas ahí se mueren. El jueves 30 de junio pasado, una señora de 65 años, enferma de la presión, viajó siete horas sobre caballo y al llegar a San Isidro no había camión que la trasladara. Tuvo que pedir “ride” a Nueva Guinea.
LA FALTA DE ACUERDO
Víctor Silva Centeno recuerda que en el período de los alcaldes Luis Gutiérrez Gálvez, por Bluefields, y Julio Quintanilla, por Nueva Guinea, entre los años 2004 y 2008, hubo reuniones en ambos municipios para resolver la situación. Bluefields aceptaba ceder el territorio ubicado en Punta Gorda, pero a cambio de algún territorio que le produjera beneficios económicos.
“Nueva Guinea sí quiso, pero parece que lo que daba era poco. Bluefields cedía esto (comunidades cercanas al río Punta Gorda con problemas) pero a cambio de algo más, que fuera mayoritaria la concesión, para que fuera igual el procedimiento y por ahí no hubo acuerdo. Los afectados somos los campesinos. Nosotros siempre quisimos que los del triángulo del sur se anexaran a Nueva Guinea y que le cedieran parte de Punta Gorda a Bluefields en compensación, y la cuestión económica… parece que es que hay más dinero para allá, para la zona de Punta Gorda ahí caen mejores impuestos. Aquí es más pobre la zona. A la Alcaldía (de Nueva Guinea) le convenía más el dinero de Punta Gorda que este”, explica Silva Centeno.
LOS “ENGAÑADOS”
La mayoría de las personas que viven en estas comunidades tenían su residencia en Nueva Guinea, pero alrededor del año 2005, o un poco antes, Abel Marenco Gatica no lo recuerda muy bien, a la zona de estas comunidades llegaron brigadas desde Bluefields para cedular.
“Se dejaron engañar. Pensaron que era más barato porque llegaron hasta sus casas. Ahora están en conflicto, asentaron a sus niños y ahora para ir a traer una partida de nacimiento cuánto tienen que gastar para ir a Bluefields”, dice Marenco Gatica.
Luego de eso, las personas han llegado a registrar a sus hijos en Nueva Guinea. Los funcionarios, a “regañadientes”, les hacen el trámite pero de todas maneras en el documento ponen que las personas pertenecen a Bluefields, explica Raúl Antonio Bucardo, de 42 años y habitante de Nuevo San Antonio.
LAS POSIBLES SOLUCIONES
Cuando era diputado, Agustín Jarquín Anaya visitó la zona del “triángulo sur” del país y constató el abandono por parte del Estado que sufren los pobladores de las comunidades circundantes al río Punta Gorda. “Yo estuve allí, el viaje es penoso. Es una zona con gran potencial (agricultor y ganadero), por el suelo y por la calidad de la gente, por el clima. Puede producir mucho más”, dice.
Jarquín Anaya comenta que las personas en esa zona dejan de hacer trámites que son importantes en sus vidas por la dificultad de viajar a Bluefields. “La gente tiene que invertir cuatro días de viaje, dos de ida y dos de vuelta, más el tiempo en el que hace el trámite, por lo menos son cinco días, con el costo que eso significa, por lo menos 2,500 córdobas, y eso que sin comer mucho”, explica el exdiputado.
Se han manejado tres soluciones para este problema, indica Jarquín Anaya: la primera es que Bluefields coloque un pequeño complejo municipal en la zona, donde los pobladoras puedan realizar todas sus gestiones. Y que también haya delegaciones del Minsa, el Mined, el Magfor y todas las instituciones estatales posibles. Otra es que el territorio pase a Nueva Guinea y una última es que la zona se convierta en un municipio.
