Crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo sostenible. El desarrollo para que sea sostenible debe ser integral-económico, social, político institucional y ambiental. Es posible, que países con regímenes autoritarios alcancen elevadas tasas de crecimiento, sin embargo los países más desarrollados del mundo son los democráticos.
Para evidenciar que puede haber crecimiento sin democracia, no es necesario traer a colación los casos de China continental, Taiwán, Singapur, Corea del Sur o de cualquier otro país. Basta reiterar y recordar que las mayores tasas de crecimiento en la historia de Nicaragua —mayores a las del período reciente 2007-2015— se obtuvieron en el período 1950-1977 durante la dictadura de los Somoza. La expansión de la economía mundial, junto a efectivas políticas desarrollistas y una estabilidad macroeconómica —mayor que la de las últimas tres décadas—, dieron como resultado que 1950-1977, fuese la “edad de oro” del crecimiento de Nicaragua.
El período 1950-1977, no fue sin embargo “la edad de oro” de la democracia. Dada la ausencia de instituciones democráticas —y el uso de farsas electorales para permanecer en el poder—, se produjo como sabemos, una insurrección popular y luego una guerra civil. Como resultado, la economía retrocedió cuarenta años y a pesar del moderado crecimiento de los últimos años, aún no se ha recuperado el PIB per cápita que teníamos en 1977. El crecimiento económico del período reciente 2007-2015, aunque no despreciable, fue insuficiente y no fue acompañado de una transformación estructural de la economía. Persisten además graves problemas sociales, ambientales e institucionales. No se han sentado las bases de un desarrollo sostenible.
Aunque se sostiene que la historia se repite —primero como tragedia y luego como farsa—, nadie puede predecir lo que ocurrirá en el futuro. Pero es obvio que las circunstancias de hoy, no son las mismas de antes. Muy difícilmente —como reacción a la farsa electoral—, tendrá lugar un proceso revolucionario como el que dio al traste con la dictadura de los Somoza. Ello es positivo ya que nadie desea otra guerra civil ni derramamiento de sangre. Muy difícilmente habrá en el futuro previsible, una insurrección o revolución como resultado de la destrucción institucional.
Lo anterior no debe tranquilizar a nadie. Hay graves interrogantes: ¿Hacia dónde va Nicaragua? ¿Cuáles serán las consecuencias de la concentración total de poder? ¿Estará garantizada la inversión nacional y extranjera con la continuación indefinida en el poder del mismo gobernante? ¿Es preferible el caudillo-centrismo, a un gobierno de leyes? ¿No es acaso cierto —que salvo el caso de empresarios con influencias— la politización actual del poder judicial y de la Policía, en manera alguna garantiza el respeto a los derechos individuales, a la propiedad privada y perjudica a los ciudadanos y los pequeños y medianos empresarios carentes de conexiones con las esferas del poder? ¿No quedará acaso la ciudadanía, más indefensa después de la farsa electoral, ya que esta llevará a una mayor concentración del poder?
Dada la edad del gobernante ¿no existe acaso un serio problema de estabilidad, en el mediano plazo? ¿No es acaso conveniente para todos —inclusive para la familia gobernante— que la estabilidad del país dependa de la calidad de sus instituciones y no de la permanencia en el poder, de una o dos personas? Si lo que se pretende con las “elecciones” es consolidar la presidencia vitalicia y tal vez hasta crear las condiciones para una sucesión dinástica: ¿no sería mejor establecer una monarquía constitucional, que establezca una sucesión hereditaria? Lo absurdo de la pregunta anterior, de si conviene o no establecer una monarquía hereditaria, es para destacar lo absurdo de la situación a la que hemos llegado. Lo que se está consolidando es grave: un sistema de presidencia vitalicia, que de por sí es contrario a la democracia y que además, podría llegar a ser hereditaria. Y tan sin sentido como establecer una monarquía, es el haber establecido el actual sistema de presidencia vitalicia a través de la reelección indefinida.
Quiérase o no, el relevo generacional de la gerontocracia es inevitable. La farsa electoral que se avecina, no abonará en nada ni a la solución del problema del necesario relevo generacional ni a la solución del gravísimo problema institucional que enfrenta el país. Sin instituciones democráticas sólidas, resultará imposible alcanzar un desarrollo sostenible.
El autor es doctor en economía.