Francisco Javier Rivera denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la supuesta complicidad de agentes de la Policía en Villa El Carmen para desalojarlo de 150 manzanas de tierra de su propiedad, ubicadas en el sector de Samaria, para favorecer a un procesado por narcotráfico beneficiado con arresto domiciliar por enfermedad.
“El estado de derecho que tanto se pregona ha sido violentado hacia mi persona”, sostuvo Rivera en una conferencia de prensa en la CPDH.
Rivera señala a Miguel Ángel Masís, como la persona que le sacó de su propiedad. Masís es el mismo a quien a mediados de mayo una juez le cambió la medida cautelar por arresto domiciliar por encontrarse en “estado grave de salud”, según un dictamen del médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML).
Rivera sostiene que con una escritura falsa, Masís llegó a reclamar sus tierras y a desalojarlo de su propiedad: “el día en que a este señor le dieron libertad condicional (…) llegó con elementos de la Policía, de Villa El Carmen”.
Rivera presentó una constancia extendida por el abogado y notario público, Marvin Jiménez Martínez, quien establece que en el protocolo número cuatro que él llevó en 1996 no existe la escritura número 70, en la que Rivera aparece como supuesto vendedor de la propiedad a Masís , en fecha del 20 de marzo de 1997.
“Presumo vehementemente que este documento fue falsificado ya que la firma puesta en el mismo y el sello no corresponden a la que usa el suscrito notario, fueron alteradas”, establece el abogado Jiménez en la constancia presentada por Rivera en una conferencia de prensa en la CPDH.
El 3 de junio pasado, la juez Irma Laguna declaró culpable a Masís por el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas. Pero señala que en virtud del dictamen médico legal que establece que “el cuadro clínico es grave” otorgó “el beneficio de suspensión de pena a favor del sancionado (…) por un período de prueba de cinco años”, que representa el cambio de la medida cautelar de régimen interhospitalario por el de arresto domiciliar.
En la sentencia la judicial hace referencia que según el dictamen del doctor Wilber Méndez Varela, Masís sufre de hipertensión arterial con riesgo cardiovascular, diabetes entre otras enfermedades.
LA PRENSA buscó la versión de Masís pero en el sector de su domicilio señalado ninguna persona dijo conocerlo. Tampoco respondió a las llamadas al número telefónico 78414937.
FUE A ASUNTOS INTERNOS
Francisco Javier Rivera sostuvo que el grupo de la Policía estaba dirigido por un oficial de apellido Jarquín, en contra de quien presentó una denuncia en Asuntos Internos de la Policía, sin que hasta ahora obtenga una resolución. Fue por ello que dijo le dirigió una carta al presidente inconstitucional Daniel Ortega.
El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, indicó que en este caso “está claro que hay complicidad de las autoridades policiales. Nosotros hemos recurrido a algunas autoridades policiales y hemos encontrado boleo. Asuntos Internos no ha resuelto sobre estos delitos cometidos tanto por Masís como por agentes de la Policía”.
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