El estado de emergencia entró en vigor este jueves en Turquía y el gobierno, que continúa la purga de opositores tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio, anunció la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El estado de emergencia, que no había sido decretado desde hacía 15 años, fue aprobado con 346 votos a favor y 115 en contra por el parlamento turco. Estará en vigor durante tres meses y supondrá, principalmente, restricciones en la libertad de manifestación y de circulación.
El viceprimer ministro Numan Kurtulmus aclaró a la prensa turca que pese a ello, el gobierno espera poder desactivarlo “en mes o mes y medio”, si “las condiciones vuelven a la normalidad”.
Kurtulmus anunció asimismo que Turquía va a derogar la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), alegando que Francia hizo lo propio tras los atentados de París de noviembre de 2015.
El artículo 15 de esta Convención reconoce a los gobiernos “en circunstancias excepcionales” la facultad de derogar “de forma temporal, limitada y controlada” ciertos derechos y libertades garantizados en la misma.
Este movimiento protege a Ankara contra eventuales condenas en un momento de purga masiva en el ejército, la justicia, la magistratura, los medios de comunicación y el mundo educativo, donde miles de personas han sido detenidas, despedidas o suspendidas de sus cargos.
Por otro lado, el gobierno turco rebajó considerablemente el balance de víctimas durante la noche del golpe fallido, reduciendo la cifra de muertos en el bando rebelde de 104 a 24. En total habrían muerto 265 personas, según Kurtulmus.
En la noche del jueves, miles de personas se concentraron en el puente del Bósforo que une ambas orillas de Estambul para manifestarse a favor de Erdogan, en un lugar que fue cerrado por los sublevados durante la intentona golpista el viernes pasado.
TRAIDORES TERRORISTAS
A pesar de las restricciones al derecho de manifestación previstas por el estado de emergencia, numerosos turcos recibieron un mensaje de texto firmado “RTErdogan” en el que se instaba a sus simpatizantes a seguir saliendo a las calles para continuar movilizados contra los “traidores terroristas”.
Así se refería a los seguidores de un predicador exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, acusado de haberse infiltrado en las instituciones del Estado y de haber fomentado el golpe.
Ankara solicita a la justicia estadounidense que extradite al septuagenario, afirmando que transmitió pruebas de su implicación, aunque éstas no se han hecho públicas por el momento.
La red de Gülen ha tenido “las manos libres” para hacer lo que quisiera, reconocía el viceprimer ministro Mehmet Simsek a la prensa extranjera. ¿Por qué? Porque no teníamos experiencia en la dirección del país”.
Mientras tanto, la purga de la administración no se detiene. Unos 55,000 turcos, incluyendo militares, jueces, profesores, fueron detenidos, suspendidos o despedidos. Este jueves, según la agencia Anadolu, 109 generales y almirantes seguían detenidos, así como otras 10,400 personas estaban en prisión preventiva, indicó el jueves por la noche (hora local) Yasin Aktay, portavoz del AKP en el gobierno.
HUMILLADOS Y MALTRATADOS
“Seguiremos luchando para eliminar estos virus de las fuerzas armadas”, repitió el miércoles el presidente, asegurando que no “comprometería” las normas democráticas.
Figuras emblemáticas del ejército detenidas ahora son vistas como traidores. El gobierno los ha hecho desfilar ante los medios estatales, humillados y, por su aspecto, probablemente maltratados durante su estancia en el calabozo.
Uno de ellos es el exjefe de la Fuerza aérea, el general Akin Oztuk, fotografiado con gesto aturdido y una venda en una oreja, y más tarde con un ojo morado. Mientras tanto, Ankara asegura ignorar quién está detrás del golpe de Estado. Ocho militares turcos que huyeron a Grecia demandando asilo el sábado tras la intentona golpista, fueron condenados este jueves por un tribunal griego a dos meses de prisión con suspensión de condena.
El diario Star (progubernamental) aseguraba: “Estado de emergencia para los golpistas, calma para los habitantes”. Pero los estambulitas preguntados en la calle por la AFP mostraban su inquietud. Hasan, de 60 años, temía la llegada de “un periodo más oscuro”: “El estado de emergencia jamás ha ayudado a la democracia, la economía o el desarrollo de ningún país”.