Quienes lean este título pensarán que me referiré en este artículo al intento fallido ocurrido en Turquía, pero para qué hablar de otro país si ese mismo día en Nicaragua se estaba gestando, bajo la dirección del dictador, un golpe de Estado más al Poder Legislativo.
La pretensión del señor Pedro Reyes, de destituir a la mayoría de los diputados electos en la casilla 13 de la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI), amparado en la sentencia que Ortega le concediera, debe catalogarse como un golpe de Estado en ciernes. Por cuanto el alterar la composición de la Asamblea Nacional implica desconocer la soberanía popular que con su voto eligió a los candidatos propuestos.
Golpe de Estado se define como la toma del poder político vulnerando la legitimidad institucional establecida, en nuestro caso el dictador con la complicidad de su operador político pretende tomar la única porción del Estado que aún no controla, consolidando desde ahora el control absoluto de todas las instituciones acabando con el último rescoldo de oposición legal.
A diferencia de Turquía en que se inicia y termina en menos de veinticuatro horas, el Golpe de Estado en Nicaragua no se inicia con la introducción de la solicitud de destitución de los diputados, arranca con el retorno al poder de Ortega en 2007 cuando en forma meticulosa procede a desmantelar nuestra incipiente democracia y a controlar en forma progresiva todos los poderes del Estado, contando para ello con el apoyo de las fuerzas militares y la de aparentes opositores a quienes va coaptando con generosas ofertas.
Mi reacción ante el derrumbamiento de la última pieza de nuestra institucionalidad democrática no obedece al desempeño de los diputados a quienes se pretende suplantar ni a sus características o la ideología que representan; mi reacción y denuncia obedece única y exclusivamente a mi rechazo por el daño que a la nación le causa la consolidación de un poder absoluto sin balances o contrapesos; independientemente de su trayectoria que puede ser discutida o no, es destacable la dignidad y entereza con que esos diputados han resistido los halagos y amenazas de que han sido objeto por parte de quien se ha atrevido a decir o se someten o se van.
Ortega en su desenfreno autoritario al alentar al judicialmente investido presidente del PLI, no desea esperar siquiera los resultados de las asignaciones que hará el 6 de noviembre mediante la farsa electoral que nos tiene preparada, demostrando con ello una vez más su marcado desprecio a la voluntad popular violentando los derechos políticos de los electores.
La indiferencia, el conformismo y el miedo que paraliza a nuestra sociedad, provoca que este último Golpe de Estado parcial pase desapercibido, al igual que la descarada proclamación de su filiación partidaria de parte de la Policía Nacional y la confesión hecha por el vocero económico del gobierno de que para participar en las elecciones orteguistas era indispensable pactar. Como un buen amigo me expresó, los nicaragüenses hemos agotado nuestra capacidad de asombro.
Los cómplices de la farsa y de la deriva autoritaria serán corresponsables del incierto futuro de nuestra patria, y, como tales la historia los enjuiciara. Solo me queda recordarles que aunque hoy aparezcan como pomposos adornos de un régimen que inútilmente pretende legitimarse, más temprano que tarde correrán la misma suerte de los adornos navideños que una vez pasa el 6 de enero son tirados a la basura por obsoletos o guardados en el más recóndito trastero.
El autor es abogado.