El argumento de uno de los tantos asesores de Ortega, que quitó a la oposición toda posibilidad de participar en las elecciones de este año porque se proponía, pocos días antes de los comicios, retirarse de los mismos alegando irregularidades, está derrotado por una sencilla evidencia: semanas antes que se quitara a la Coalición Nacional Democrática (CND) la única casilla en que podía concurrir a las elecciones, la del Partido Liberal Independiente (PLI), en la reunión de la Asamblea Sandinista del mes de mayo, ya Ortega había anunciado que no habría observación electoral.
Mencionando por sus nombres a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea les llamó “observadores sinvergüenzas”, y agregó: “Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”.
Ortega, entonces, nunca tuvo la intención de un proceso electoral con mínimos de legitimidad democrática. Los hechos posteriores solamente confirmarían sus intenciones.
Pero asumamos, por un instante, que en la oposición efectivamente teníamos la intención de denunciar las irregularidades del proceso electoral, y si fuese el caso, retirarnos de las elecciones, o desconocer los resultados de las mismas, ¿no es acaso ese un derecho político democrático? ¿No es acaso la protesta frente a los abusos políticos y legales un derecho político fundamental?
No tenemos por qué dar excusas o disculparnos por ejercer nuestros derechos. ¿O es que el régimen y sus voceros pretenden que además de ahorcarnos, nosotros mismos apretemos la soga? Después que presentaron a un estudiante mexicano con golpes “auto infligidos”, como si se hubiese golpeado la cara con sus propios puños, no extraña esa pretensión, pues todo es posible en la paranoia conspirativa del gobierno.
Pero hay también un hecho contundente que es la verdadera explicación que para todos los efectos no haya elecciones, como en efecto nos las habrá: el orteguismo no es mayoría política, y una oposición unificada, como lo había hecho en la CND, podría vencerlo en verdaderas elecciones.
La encuesta de Borge y Asociados revelando que solamente el 44 por ciento tiene intención de votar por Ortega es una evidencia adicional a lo que ya sabíamos: Ortega ni remotamente obtuvo el 63 por ciento en las elecciones de 2011.
Los verdaderos resultados electorales de 2011, y tal como lo señalaron las misiones de observación electoral, sencillamente no pudieron ser verificados. Para que Ortega haya sacado ese porcentaje de votos sería necesario que prácticamente en cuatro de cada cinco Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde históricamente siempre ha perdido, hayan cambiado de preferencia electoral. Como habría ocurrido en mi propia JRV, en que Ortega nunca obtuvo más del 37 por ciento y en 2011 “sacó” el 63 por ciento. Esa JRV está localizada en un barrio de clase media, donde nadie se ha beneficiado de los programas del gobierno para explicar cambio en las preferencias electorales.
Desde luego que para el gobierno resultaba explosiva la combinación de observación electoral y participación de la oposición, y por eso prohibió una y otra. Pero el costo lo está pagando, y será más alto aún en el futuro, en la medida que se acerque la fecha de las supuestas elecciones, porque resultará evidente, con el resplandor de los focos de la atención internacional encendidos, la oscuridad de las motivaciones antidemocráticas de Ortega.
El autor fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua.
