Mientras la crisis general de Venezuela se agrava por la incapacidad gubernamental y las torpes medidas militaristas del presidente Nicolás Maduro, este jueves se anunció en Caracas que el Vaticano participará en la mediación internacional para promover el diálogo del Gobierno con la oposición.
El anuncio lo hizo el expresidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), quien desde mayo pasado está impulsando un diálogo en Venezuela apoyado por tres expresidentes iberoamericanos: José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá y Leonel Fernández, de República Dominicana.
Esta iniciativa de diálogo ha sido acogida con recelo por la oposición venezolana, porque sus promotores son afines al régimen chavista. La dirigencia opositora teme, con razón, que el propósito no revelado de esta iniciativa sea darle largas al referendo revocatorio y oxigenar al gobierno autoritario de Nicolás Maduro.
Sin embargo, la incorporación del Vaticano a la mediación para el diálogo sería un factor de confianza para la oposición, pues no es posible imaginar que la Santa Sede se podría prestar a una maniobra del régimen chavista y sus aliados.
El papa Francisco ya se pronunció, en marzo de este año, en favor de un diálogo en Venezuela para resolver la crisis nacional. En su mensaje de Pascua, Francisco mencionó que en las difíciles condiciones que sufre el pueblo venezolano, es necesario trabajar en “la búsqueda de formas de diálogo y colaboración entre todos”.
Más recientemente, el 12 de julio corriente, la Conferencia Episcopal de Venezuela emitió una Exhortación Pastoral en la cual expresa que “el diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar”.
Sin embargo, los obispos venezolanos señalan con toda claridad que “no se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el conflicto”. Y advierte la Conferencia Episcopal de Venezuela que, “desconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad soberana expresada en el voto popular. La división, autonomía y colaboración entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable”.
Más todavía, ante las maniobras dilatorias del Gobierno, los obispos venezolanos precisan que “el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes”.
Suponemos que sería de conformidad con esa línea que el Vaticano se integraría a la mediación por el diálogo en Venezuela. De otra manera, si fuese para ayudar a Maduro a ganar tiempo mientras la crisis se profundiza y el sufrimiento del pueblo venezolano se prolonga, no tendría ningún sentido práctico ni ético involucrarse.