Mientras el proceso de subasta de al menos seis fincas decomisadas vía sentencia a Álvaro Montealegre y Roberto Bendaña condenados por estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento fraudulento sigue su curso por órdenes del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, los terceros perjudicados por la subasta de los bienes para el pago de las 17 víctimas de estafa, siguen apareciendo y reclamando su derecho.
Esta vez fue uno de los representantes de los bancos con quienes se supone los procesados tienen cuentas pendientes por pagar.
Se trata de un escrito presentado por el abogado Boanerge Ojeda, quien se persona como tercer opositor de buena fe y solicita audiencia especial para salvaguardar sus derechos.
Además adjunta contratos de préstamos de hipotecas y fianzas entre otros documentos, aunque no se sabe de cuál de los procesados.
“Es legal que las personas hagan uso de su derecho, porque es arbitrario que cuando las partes afectadas hayan apelado, las medidas accesorias como la de subasta deban quedar en suspenso, pero aquí insisten en seguir”, dijo Juan Manuel Guerrero, abogado de Montealegre.
Guerrero agregó que las propiedades decomisadas a su representado desde mucho antes del caso estaban hipotecadas por más de un millón de dólares y según el procedimiento civil para pagar el primer acreedor es el banco.
EMPLEADOS TAMBIÉN
A inicio de este mes, ex trabajadores de Álvaro Montealegre solicitaron mediante recurso, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ser los primeros pagados con la venta de la finca El Crucero, por ser propiedad de Inversiones Almori.
“Solicitamos que les paguen primero a los 76 ex trabajadores de Inversiones Almori y Almori BPO Service, porque tienen una sentencia laboral a su favor ”, dijo Carlos Suárez, abogado de los exempleados de Almori.
