Desde el 22 de julio las acciones de Eletrobras (Centrales Eléctricas Brasileñas) que tenía en Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) pasaron a manos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y de la empresa distribuidora de energía (Disnorte). Para el diputado Carlos Langrand, de la Bancada Alianza Liberal Independiente (Bapli), esto es un abuso, porque no fue consultado en la Asamblea Nacional.
“Aunque Enel es un ente autónomo y Disnorte una empresa privada, con la magnitud de la transacción debió ser sujeta a una explicación, antes de todo ellos debieron pasar por la Comisión Negociadora del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín (Conephit), para informar qué fue lo que pasó, explicar el incumplimiento y luego ser transparentes, porque aquí lo que vemos es que Enel está asumiendo un elefante blanco con el dinero de los nicaragüenses”, dijo Langrand.
En el comunicado expuesto en la página web de Eletrobras se da a conocer: “Centrales Eléctricas Brasileñas S/A (“Compañía” o “Eletrobras”) informa a sus accionistas y al mercado en general que el 22 de julio de 2016 las Centrales Hidroeléctricas de Centroamérica (el “CHC”), en el que la Compañía posee el 50 por ciento del capital social, vendió todas las acciones de su subsidiaria Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (en adelante “CHN”), que tiene la concesión del proyecto hidroeléctrico Tumarín, ubicado en Nicaragua, con una capacidad instalada de 253 MW (“proyecto”), para un total de US$44.2 millones (“precio”).
La compañía brasileña era dueña del 45 por ciento de las acciones de Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), junto con el consorcio Queiroz Galvão (45 por ciento) y el Estado de Nicaragua (10 por ciento).
El anuncio de la venta a la estatal Enel y a la privada Disnorte llega dos meses después de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador del Estado de Brasil, suspendió el traspaso de recursos que iban dirigidos a Eletrobras para la construcción, en consorcio con la constructora Queiroz Galvão, de la hidroeléctrica Tumarín.
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Patricia Rodríguez, consultora de Energía, explica que la Ley de la Industria Eléctrica da a conocer que el servicio de la electricidad es un servicio público de interés nacional y debe ser regulado, por lo tanto, Enel y Disnorte debieron informar.
“Si Eletrobras anunció esto, lo menos que esperamos es que Enel como Disnorte, que van a ser socios de ese proyecto, nos informen, si bien es cierto que Enel ya era socio con el diez por ciento de las acciones, si Enel como empresa del Estado adquirió más porcentaje tendrían que informarle a la población, al igual que Disnorte, porque con las reformas a la ley que hubo el año pasado, cualquier costo, cualquier inversión que ellos hagan, va a pasar a tarifa y las tarifas las pagamos nosotros”, dijo Rodríguez.
¿TRANSACCIÓN BENEFICIARÁ EN TARIFA A LA POBLACIÓN?
Por su parte, Mario Arana, especialista en temas energéticos, aseguró que lo más importante en este momento es saber si esta transacción beneficiará con la reducción del costo de la energía.
“No sabemos si realmente ese proyecto es rentable para el país, porque lo que se sabía es que podría ser demasiado caro para ser una hidroeléctrica de esa envergadura. El asunto es pensar si esta decisión es buena para Nicaragua, porque ahorita creo que el país tiene un problema de corto plazo, que es el costo de la energía y eso es lo que debe de dominar, la pregunta que me hago es: ¿cómo esta transacción va a apoyar la disminución del costo de la energía? Porque realmente no veo un beneficio a lo inmediato”, comentó Arana.
LA PRENSA intentó conocer la versión de Ernesto Tiffer, director de Enel, pero no respondió a las llamadas, de igual forma se llamó a Jorge Katín, divulgador de la empresa distribuidora de energía (Disnorte-Dissur), pero tampoco respondió.
El proyecto hidroeléctrico fue concebido en el 2009 y fue reprogramado en más de nueve ocasiones.
¿EL ESTADO EJECUTÓ GARANTÍA?
En el artículo 11 de la Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín se establece: Obligación de garantía a favor del Estado: “Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia de generación, el desarrollador entregará al Ministerio de Energía y Minas, al momento de la suscripción del contrato de licencia de generación, una garantía de cumplimiento de conformidad a los términos establecidos en la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento”.
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales durante el período de las obras iniciales contenidas en la licencia de generación hidroeléctrica, la autoridad competente deberá proceder a la ejecución de las garantías otorgadas por el desarrollador.
Pero en el caso de Eletrobras se desconoce si por incumplimiento se ejecutó la garantía.