Los principales hechos políticos de la semana que termina, entendibles algunos, inentendibles otros, injustificables todos, forman parte de la misma lógica autoritaria del gobierno y de quienes se subordinan a la misma.
Lo que ha ocurrido en temas de energía eléctrica, con diputados opositores y hasta en Venezuela, tiene una relación directa.
Empecemos por la energía. Aquí son dos las noticias, la venta de Tumarín y la rebaja del 1 por ciento en la tarifa eléctrica.
Veamos. La empresa pública Enel (Empresa Nicaragüense de Electricidad) y la privada Disnorte-Dissur, aparecen juntas comprando la totalidad de las acciones del proyecto a los beneficiarios originales de la concesión, que por iniciativa de Ortega y su mayoría en la Asamblea fue otorgada a las brasileñas Electrobrás y Quirós-Galváes. De la noticia nos enteramos a través del anuncio de Electrobrás y no de nuestra empresa pública que sigue sin decir nada al respecto, pese a que caben muchas preguntas:
¿Qué activos se compraron, que justifique el millonario monto que los nicaragüenses pagaremos con los impuestos?
¿Cómo se resolverá el conflicto de intereses entre Disnorte que es distribuidor y ahora pasa a ser potencialmente generador?
Normalmente, el beneficiario de una concesión de recursos naturales del Estado, si no desarrolla el proyecto paga al Estado una penalidad por no ejecutarlo, habiéndose reservado el derecho de explotación, en este caso por siete años. Aquí luce al revés: es el Estado nicaragüense, léase Daniel Ortega, el que aparece “premiando” al incumplidor con la concesión. Y, ojo billar, lo mismo, exactamente lo mismo, puede pasar con Wang Jing, el beneficiario de la concesión del Canal.
¿Y dónde quedó la política de consenso del Gobierno con el sector privado, si como han declarado dirigentes del sector no fueron ni siquiera informados de la venta de Tumarín? Además, mientras es entendible que este gobierno por su naturaleza ocupe la política de consenso cuando quiere, y no la use cuando no quiere, según su conveniencia, resulta inentendible que dirigentes gremiales del sector privado digan ahora algo así como “que menos mal que no va Tumarín”, porque la tarifa pactada era muy alta, cuestión que siempre se supo y se denunció. Menos entendible es que la transacción la vean simplemente como venta de acciones sin prestar atención a toda la desproporción inicial de los términos de la concesión. Es decir, el gobierno cedió a título gratuito la concesión, para después, readquirirla a título oneroso pero pagada por los nicaragüenses.
Pero de la misma lógica corrupta y autoritaria forma parte la ridícula rebaja en la tarifa eléctrica del 1 por ciento anunciada esta semana, para totalizar un 16 por ciento de rebaja en año y medio, mientras el precio del petróleo ha bajado un 64 por ciento. Desde el punto de vista del Gobierno y sus socios esa ridícula reducción es entendible por la infamante e injustificable confusión de intereses, pero no es entendible que, a la vez, sean dirigentes gremiales del sector privado y no los voceros oficiales del Gobierno los que aparezcan justificando lo que a todas luces es injustificable, si de mejorar la productividad y competitividad de las empresas se trata. Que menos es mejor que nada todo mundo lo entiende, pero es que menos no debe compararse con nada, sino con más, y la rebaja de la tarifa pudo haber sido mucho más. Y, dicho sea de paso, una parte substancial del ahorro por la baja del precio del petróleo va a pagar una deuda de Caruna, en un círculo que marea de tanta confusión de intereses públicos y privados en toda la cadena de generación, transmisión y distribución de energía.
Y finalmente, resulta que el presidente Maduro de Venezuela a los pocos días de estar en Nicaragua tomó la iniciativa de pedir a su Consejo Electoral que cancele la personería jurídica a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para cortar de un tajo la iniciativa del revocatorio que pondría fin a su gobierno. Ni más ni menos que lo que Ortega hizo con la oposición aquí, y que acaba de rematar retirando el derecho al escaño legislativo a los diputados electos en 2011.
La misma lógica dictatorial, y los mismos hechos, algunos entendibles, otros inentendibles, y todos injustificables.
El autor fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua.