Femicidios en Nicaragua: el Estado cree que “matando” cifras acaba el problema

Organizaciones contabilizan más casos que la estadística oficial

04/08/2016

La forma encontrada por las instituciones del Estado para invisibilizar el  delito de femicidio en Nicaragua es,  a criterio de defensoras de mujeres, la tipificación  ese tipo de crímenes cometidos contra mujeres, como homicidio o asesinato.

En los primeros siete meses del año  el monitoreo del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 41 femicidios en el país mientras hasta el 7 de julio la Fiscalía reconocía a medios de comunicación afines solo cinco casos como femicidios. Igualmente Católicas reportó que en 2015 hubo  53 femicidios, mientras la Policía Nacional en su Anuario Estadístico 2015 recién publicado reporta únicamente 16 femicidios.

“El fondo del asunto es invisibilizar esta problemática de distintas maneras”, criticó la coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Magaly Quintana, quien considera que con la forma en que son tipificados estos casos quienes ganan son los agresores, “que siguen en la total impunidad, o reciben menos penas”, pues no les imponen sentencias conforme a lo establecido por la Ley 779 Contra la Violencia Hacia las mujeres .

La enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Reyna Rodríguez,indicó que el reclamo de las organizaciones sigue siendo que sea aplicada realmente la Ley 779.

Rodríguez puso de ejemplo el caso ocurrido el  6 de julio en un cañaveral en Villa El Carmen donde fue encontrado semidesnudo, con golpes en su rostro y heridas en el pecho y signos de estrangulamiento el cuerpo de Anielka Raquel Espinoza Escobar, de 20 años. El 13 de julio la Policía Nacional se apresuró a tipificarlo como un asesinato, cuando las organizaciones de mujeres lo consideran un femicidio.

JORNADA PERMANENTE

El Movimiento de Mujeres anunció este 3 de agosto una jornada permanente para visibilizar la violencia contra las mujeres en el país, cuya primera etapa terminará hasta el diez de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), expresó que las mujeres también sufren violencia institucional con la desprotección en que permanecen las mujeres al no ser atendidas por instancias especializada como son las Comisarías.

SENTENCIAS CAUSAN DUDAS

El Poder Judicial publica en su página web que en un estudio comparativo de sentencias de femicidio dictadas entre 2013 y 2015, determinó que de 58 sentencias analizadas, 55 correspondían a femicidos consumado. También estableció que las mismas se dictan dentro del plazo estipulado y que no hay impunidad en el país.

Luz Marina Torrez, por el Movimiento de Mujeres, rechazó que en ese período hayan ocurrido 55 femicidios, pues las organizaciones de mujeres contabilizaron en ese período 188 femicidios.

El estudio fue realizado por la Secretaría Técnica de Género con apoyo de la Agencia Española de Cooperación. El mismo revela que en un cien por ciento las sentencias fueron condenatorias, “lo que evidencia que ante un delito tan grave el sistema judicial nicaragüense es implacable y se implementa de forma eficaz la Ley 779”, y, la pena media fue de 24 años de cárcel a los victimarios, dice la nota.

Otro de los hallazgos que menciona el estudio del Poder Judicial fue de que en el 95 por ciento de las sentencias “se dictó un fallo dentro del plazo estipulado por la ley, respetando las garantías constitucionales y procesales de víctimas y acusados”, dice la nota, la cual agrega que “el 77 por ciento de los femicidios se suscitan en el hogar y que la incidencia de estos casos corresponde a un 42 por ciento en el área rural y un 58 por ciento en el área urbana, lo que desmonta los estereotipos que refuerzan la idea de que el femicidio es más común en el campo”.

La nota oficial atribuye declaraciones de la consultora Inmaculada Montalbán, quien condujo el estudio, que señala que “en las sentencias analizadas pudimos observar que las mujeres víctimas de femicidio, sufrieron antes una violencia reiterada, lo que deja en evidencia la normalización del fenómeno, algo que debe evitarse pues se trata en realidad de un problema público de Derechos Humanos, que ha sido catalogado por las Naciones Unidas como el crimen encubierto más extendido a nivel mundial”.

Rodríguez se pregunta si estos 58 casos analizados son únicamente una muestra de las sentencias obtenidas durante tres años o es el total de la actuación judicial en esa materia. Y se mostró esperanzada de que ese estudio del que habla el Poder Judicial “debería sensibilizar al Gobierno para que aplique la Ley 779”.

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