De los 46 diputados, propietarios y suplentes, que tenía la bancada del PLI antes de que la dirigencia de este partido fuera decapitada por la dictadura orteguista, 28 fueron destituidos de manera ilegal y arbitraria de sus cargos de representación popular.
Otros dos diputados propietarios, a quienes los órganos del poder orteguista no despojaron de sus curules, renunciaron voluntariamente a seguir ocupándolas en solidaridad con sus compañeros destituidos, pero sobre todo por su dignidad personal y política de auténticos demócratas y, por eso mismo, opositores a la dictadura familiar y dinástica del orteguismo.
En el escenario de las instituciones republicanas devastadas, de la pérdida de valores democráticos y deterioro de la ética política, causado todo eso por la política de la nueva dictadura orteguista, el hecho de que 30 de los 46 diputados de la desaparecida bancada opositora no se hayan sometido —prefiriendo perder sus cargos y los beneficios que estos conllevan—, es una noticia alentadora para los nicaragüenses que siguen creyendo en la democracia y tienen esperanza en su restauración.
Para decirlo con franqueza, esperábamos que la desbandada de los diputados opositores fuera mayor. Nuestra expectativa era que fuesen más los diputados opositores que no resistieran la presión de la dictadura y que se acogieran a la regla amoral de que “la calle está dura”, con el criterio de que para seguir gozando de inmunidades y recibiendo sueldos y beneficios a cuenta del presupuesto nacional, hay que sacrificar honor y dignidad.
Pero ha sido bueno que nos equivocáramos, porque es confortante que la mayoría de los exdiputados opositores dieran una lección de dignidad personal y apego a los principios. Esto es muy importante, cuando la política democrática ha sido seriamente dañada por las claudicaciones y errores entre la misma dirigencia opositora, pero sobre todo por una campaña maliciosa del orteguismo que no solo pretende liquidar las bases institucionales de la democracia, y gobernar sin oposición verdadera, sino también desacreditar los principios y valores éticos democráticos.
Ha sido tan efectiva la campaña del poder orteguista para desacreditar a la oposición y la democracia representativa, que hasta en los mismos medios democráticos se denigra sistemáticamente a todos los políticos opositores, sin diferenciar a los reales de los fingidos, a los honestos de los corruptos, echando a todos en un mismo saco, incluso pretendiendo unir las frutas sanas con las podridas como si todas fuesen iguales.
En un comentario editorial anterior expresamos que ante el desastre institucional y la devastación de la democracia, causada por el orteguismo, es imperiosamente necesario que haya una autocrítica opositora a fondo, con vistas a elaborar y ejecutar un plan de regeneración de la política democrática.
La oposición necesita renovar liderazgos y métodos de organización, cambiar la relación de los partidos con los ciudadanos, identificar la lucha política con los problemas tangibles más apremiantes de la gente. Pero también es necesario promover la renovación ética de la política y recuperar la confianza de los ciudadanos. La oposición tiene reservas morales para emprender ese esfuerzo. Así lo han demostrado los exdiputados opositores que no se han sometido a la dictadura y prefirieron ir a luchar, junto con los ciudadanos, contra “la dureza de la calle”.