26 organizaciones de gran incidencia en la vida política y social de las Américas expresaron su preocupación ante la destitución arbitraria de 28 diputados opositores al régimen del inconstitucional presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.
“Resulta de suma gravedad que la destitución de los 28 diputados se haya realizado tan solo tres días después de que fuera solicitada y sin mediar un debido proceso. Lo anterior constituye una decisión arbitraria, que violenta de manera flagrante los derechos políticos de los y las representantes destituidos”, aseguran las organizaciones en un comunicado conjunto.
El pasado 29 de julio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) dominado por Ortega, destituyó a 28 diputados (16 propietarios y 12 suplentes) de la Asamblea Nacional, quienes habían resultado electos por el voto popular en el año 2011 como militantes del Partido Liberal Independiente (PLI). Esta decisión fue tomada como consecuencia de una petición interpuesta por el actual representante legal del PLI, Pedro Reyes Vallejos, ante el Poder Electoral.
Lea más en: FSLN destituye a diputados opositores
En la solicitud, Pedro Reyes alegaba que los diputados ahora destituidos no obedecían ni respetaban los estatutos del partido y que habían anunciado públicamente que formarían otro movimiento político.
Asimismo, en el documento firmado por Reyes Vallejos, se les acusó a los legisladores de desconocer la sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de junio, a través de la cual el órgano destituyó a las autoridades del PLI nombradas en el 2011, para otorgar la representación legal al señor Pedro Reyes.
“A las organizaciones firmantes que integran la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas les preocupa que la aplicación de estas reformas genere distorsiones a la democracia representativa y afecte los derechos políticos de las personas que se postulan a cargos de elección popular”, lamentan dichas organizaciones.
AFECTA AL VOTANTE
Por otro lado, señalan las organizaciones, la destitución arbitraria de los 28 diputados y diputadas también impacta a quienes eligieron a estas personas. “Ya que se les priva de su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, por medio de representantes libremente elegidos, tal y como lo establece el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lamentablemente, no es la primera vez que Nicaragua violenta los derechos políticos de su población. En el año 2000 excluyó arbitrariamente al Partido YATAMA de las elecciones municipales de ese año y en el 2008 hizo lo mismo con el Movimiento Renovador Sandinista”, expresaron los 26 organismos firmantes.
REVERTIR DECISIÓN
“Exhortamos a las autoridades competentes del Estado de Nicaragua a revertir la decisión del Consejo Supremo Electoral, de manera que se respete la voluntad de quienes eligieron a sus representantes ante la Asamblea Nacional y se garantice el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los ciudadanos nicaragüenses. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los mecanismos convencionales y especiales de Naciones Unidas, para que den seguimiento cercano a la situación nicaragüense y exijan a este país que cumpla con sus obligaciones internacionales”, solicitaron las distintas organizaciones
Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos de Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras organizaciones.
