La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la noche del martes 9 de agosto una serie de modificaciones al sistema privado de pensiones chileno, otra herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fuertemente cuestionada por la ciudadanía.
En un mensaje a la Nación y dos semanas después de una multitudinaria manifestación en contra del sistema de pensiones -que en 1981 creó la dictadura de Pinochet-, Bachelet anunció que en un plazo máximo de 10 años se aumentará en cinco puntos la tasa de cotización con cargo exclusivo de los empleadores.
Hasta ahora, el sistema de pensiones establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de destinar el 10 por ciento de su salario al pago de sus futuras pensiones, en manos de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que invierten en distintas áreas los dineros.
“Ha llegado la hora de emprender estos cambios sin demora. Los ciudadanos nos lo demandan y existe un amplio acuerdo entre expertos y entre los actores involucrados”, señaló la mandataria.
El sistema de capitalización absolutamente individual -pionero en el mundo- prometió en su creación una tasa de jubilación del 70% del último salario, pero transcurridas más de tres décadas la promesa no se ha cumplido. Hoy la pensión promedio es menor al sueldo mínimo (casi 400 dólares).
Hace dos semanas, más de 100 mil chilenos marcharon en Santiago para protestar contra el actual sistema de pensiones. Los manifestantes demandaron retornar al anterior sistema solidario o de reparto que era manejado por el Estado, en el que se acumulaban en un fondo común los aportes de los trabajadores para su retiro.
En la actualidad, las AFP administran 150.685 millones de dólares que aportan los trabajadores para sus jubilaciones y que estas empresas invierten en acciones o renta fija, cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes, quienes ven reducidas sus pensiones, lo que en muchos casos los obliga a seguir trabajando después de haberse jubilado.