El gobierno de Panamá presentó este jueves 11 de agosto al Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para aplicar medidas arancelarias, tributarias y migratorias a los países que acusen al país de paraíso fiscal.
El proyecto tiene como objetivo “contrarrestar medidas discriminatorias que erosionan los intereses económicos de Panamá”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, durante su presentación.
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Entre las medidas está “la creación de una lista para distinguir a los países o estados que por diversas razones incurran en prácticas que discriminan o impliquen una lesión a los intereses económicos o comerciales” de Panamá, detalló el ministro. De aprobarse el proyecto, el gobierno podrá aumentar los impuestos por remesas y los aranceles a productos de esos países, cuyas empresas tendrán dificultades para participar en contrataciones públicas en Panamá.
También podría aplicar restricciones migratorias, laborales y de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, a los países señalados.
Sin embargo, De La Guardia aclaró que las medidas no son automáticas, sino que se aplicarán en función del daño a los intereses panameños.
La iniciativa llega luego de que Francia volvió a poner a Panamá en una lista de paraísos fiscales, al tiempo que el gobierno panameño mantiene una disputa arancelaria con Colombia.
Panamá ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser un paraíso fiscal, en especial tras la publicación de los llamados “Panamá papers”, que revelaron cómo una firma panameña de abogados creó sociedades offshore para personalidades de todo el mundo presuntamente para evadir impuestos.
“Los intereses de Panamá están por encima de todo y se defenderán sin lugar a dudas. Mediante este proyecto se amplía el abanico de opciones de sanciones para los países que nos discriminen”, dijo el ministro de Comercio panameño, Augusto Arosemena.
