Es una constante que la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) rompa el pavimento de las vías para colocar tuberías de agua y que luego simplemente cierre la zanja con tierra.
El caso reciente ocurrió en Las Jagüitas, ubicado en el Distrito Cinco de Managua. En ese punto cuadrillas de Enacal destruyeron más de dos kilómetros de concreto hidráulico en una banda de la vía para instalar tubos de agua potable.
Han transcurrido dos meses de tal afectación y a la fecha nada que la aguadora deja la vía a como la encontró.
Ruth Herrera, exdirectora de Enacal, recordó que cuando estaba al frente de la institución estaba vigente un convenio con las alcaldías que comprometía a estas a sellar las zanjas ocasionadas con pavimento. Pero esté vigente o no el acuerdo, señaló Herrera, la obligación de reparar recae en Enacal.
“Como no hay coordinación interinstitucional aquí cada quien anda como caballo cochero viendo solo para su camino, esa es una falta de coordinación. Cualquier calle que se vaya a mejorar tiene que ver con Enacal, ver qué tipos de proyectos hay ahí para que se hagan con la debida antelación y no se tenga que romper el concreto hidráulico”, manifestó Herrera.
Debido a la falta de coordinación es que en Las Jagüitas se dañó el concreto hidráulico colocado apenas en 2014, cuyo costo ascendió a los 12.4 millones de córdobas.
Ahora, en el camino que conduce al residencial Montecielo, exactamente en el kilómetro 12.9 de la Carretera Masaya, se ha abierto una zanja para instalar tubos de agua potable de cuatro pulgadas. Los pobladores de la zona esperan que una vez que finalicen los trabajos los obreros de Enacal dejen el sitio a como lo encontraron. Estas obras iniciaron el pasado martes.
SIGUE ABIERTA LA ZANJA
Los pobladores de Veracruz, en el municipio de Nindirí, siguen esperando a que los responsables de dañar el pavimento, al lado de la cárcel de las mujeres La Esperanza, lo reparen. Pero este sábado no hubo ninguna intención de hacerlo y de esa manera agilizar la circulación vehicular.
Concejales liberales de Nindirí aseguraron que los permisos para realizar los trabajos estaban vencidos y por tanto no debían dañar la capa de rodamiento, colocada apenas hace un mes por la comuna capitalina, con fondos del Gobierno central.