El vicepresidente y ministro de Hacienda de Costa Rica, Helio Fallas, calificó este martes como “preocupante” el nivel de la deuda del país, que se prevé cerrará en el 46 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016.
“Este año estamos estimando una deuda de 14 billones de colones (unos 25.000 millones de dólares) que es aproximadamente el 46 % del PIB. Esto exige a futuro, a muy corto plazo, un replanteamiento porque este crecimiento no es sostenible”, expresó Fallas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El ministro aseguró que el incremento de la deuda es resultado de la crisis financiera internacional que comenzó en 2008 y de las decisiones que tomó el Gobierno para paliar sus consecuencias en la economía del país.
“Los países en su momento, y particularmente Costa Rica, para poder hacer que la economía creciera incurrieron en déficit, pero parte de ese déficit hace que la deuda llegue a niveles muy preocupantes”, comentó Fallas.
El déficit fiscal de Costa Rica cerró en un 5,9 % del PIB en el 2015 y según la proyección oficial del Banco Central, en 2016 se podría presentar un número similar.
GOBIERNO INTENTA CONTENER GASTOS Y AUMENTAR INGRESOS
Para paliar el déficit el Gobierno impulsa una serie de proyectos de ley para contener gastos y aumentar los ingresos, entre los que se destaca la modificación del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) del 15 %.
El ministro Fallas dio las declaraciones en un acto en el que firmó cuatro reformas a leyes que pretenden racionalizar y controlar el aumento en algunas pensiones y que se prevé le generarán al Gobierno un ahorro anual de unos 40 millones de dólares (21.000 millones de colones), equivalentes a un 0,07 % del PIB.
Una de las reformas es a la Ley de Caducidad de hijos e hijas y Reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, que cambiará el porcentaje de revalorización de estas pensiones, que pasarán de un 30 % anual a un ajuste semestral según el costo de la vida.
Esta pensión solo podrá ser heredada por hijos mayores de 18 años que estén estudiando y hasta los 25 años como máximo, con excepción de las personas inhabilitadas para trabajar o personas ancianas.
El resto tiene que ver con modificaciones en los porcentajes de cotización para regímenes especiales de pensiones.
