Las víctimas de violencia no solo son coaccionadas a mediar con sus agresores para lograr la “unidad familiar”, sino que son obligadas a presentar una evaluación psicológica al igual que los agresores. Esto es parte de los requisitos a los que son sometidas las mujeres para impulsar procesos legales, señala un análisis de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, confirmó que lo anterior ocurre cuando las mujeres son remitidas al Ministerio de la Familia (Mifamilia) o van a la Policía, lo que provoca que ellas desistan de continuar el proceso de denuncia por considerarlo engorroso. Las mujeres se quejan de que no les creen, expresó Rodríguez.
Martha Munguía, quien realizó el análisis para la Red de Mujeres, sobre la situación de la violencia registrada en el país durante 2014 y 2015, sostiene que las víctimas de violencia deben acudir solas, sin el acompañamiento de alguna integrante de organizaciones de mujeres, lo que “fomenta la indefensión”, pues recordó que en el Decreto 42-2014 se institucionalizan y definen las consejerías familiares, otorgándoles atribuciones en el acompañamiento y orientación en casos de violencia.
Munguía destacó que los cambios jurídicos también incidieron en la falta de justicia para las mujeres durante este período analizado, pues las llevan a realizar “una ruta muy larga” porque una vez que las víctimas se han atrevido a denunciar la violencia, no pueden permanecer durante largo tiempo sin acceso a la justicia porque se elevan los riesgos.
DESISTEN POR MIEDO
Por otra parte, una investigación sobre factores que inciden en la retractación del testimonio de la víctima en la violencia psicológica presentada durante el VIII Encuentro de Investigación de Posgrado de la Universidad Centroamericana, señala que el miedo a las represalias es uno de los principales factores que obliga a las mujeres víctimas de violencia psicológica a retractarse cuando denuncian a sus agresores.
“Cuando la mujer acude al sistema penal a denunciar los maltratos, es el momento en que su integridad física está en mayor riesgo, porque el agresor va a reaccionar y es posible que sea intimidándola o amenazándola para que desista del proceso”, afirma Suhey Fúnez, autora de la investigación.
Otro de los factores encontrados es el económico, pues según Fúnez, las mujeres que sufren violencia valoran las dificultades económicas que pasarán si declaran culpable al agresor, cuando ellas dependen directamente de él.
NO HAY JUSTICIA, DICE EXPERTA
El hecho mismo de que las Comisarías estén fusionadas con Auxilio Judicial le quita especialización a la investigación sobre el tema de violencia y “representa un no a la puerta de entrada principal que tenían las mujeres”.
En el último trimestre del presente año —según la experta Martha Munguía— se han profundizado las remisiones de las víctimas a Mifamilia para que concilien con sus agresores. “Eso no es justicia porque ante un delito vos no podés mandar a una consejería; quiere decir que las mujeres no acceden a la justicia”.