El abogado José Ugaz se enfrentó a la corrupción en Perú cuando investigó la red del expresidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000) y su asesor Vladimiro Montesinos. Tiene ahora 57 años y, desde la presidencia de Transparencia Internacional (TI), que ocupa desde hace dos años, sigue hablando de un tema vigente.
Ugaz conversa vía telefónica desde su oficina en Lima. El índice de TI es una referencia para medir un fenómeno mundial. En 2015, Nicaragua ocupó el puesto 130, de 167 naciones evaluadas. Pero con el país centroamericano tiene una historia más personal. Han pasado 34 años desde que llegó proveniente de Costa Rica para ver lo que pasaba, tres años desde la revolución sandinista. Para él, existía entonces la esperanza de “instalar (con el caso de Nicaragua) un nuevo modelo para América Latina”. “Lamentablemente hemos caído en una situación vergonzosa como la actual”, expresa ahora en un análisis en el cual cuestiona el proyecto del Canal Interoceánico y las actuaciones de la familia Ortega-Murillo que se postula como fórmula presidencial por el FSLN en noviembre próximo.
¿En qué estado de salud se encuentra la región y el mundo en materia de corrupción?
La región está pasando por una situación ambivalente: de luces y sombras. Por un lado tenemos indicadores de la existencia de grandes niveles de corrupción en el mundo —Nicaragua por cierto es uno de ellos—, pero en particular en América Latina históricamente nosotros hemos estado siempre por debajo de la media, salvo dos casos muy notorios el de Chile y Uruguay, que han tenido un desempeño, en términos de integridad y transparencia, mucho mejor que el resto de países de la región.
Digo en términos de sombras, porque efectivamente han surgido escándalos e información en los últimos años sobre situaciones de gran corrupción en países como Brasil, en Centroamérica, Honduras, Guatemala, el propio Nicaragua, esto sin duda expresa los niveles de corrupción sistémica que afectan a varios de los Estados nuestros. Sin embargo, también hay un proceso de luces, a la par de estas sombras, que demuestran de que la sociedad en general, y en algunos casos instituciones tutelares, responden a la altura de los retos. Hemos visto qué está pasando en Brasil, donde el fiscal de la nación —acompañado de un grupo notorio de fiscales, jóvenes fiscales— han podido enfrentar el caso Lava Jato, probablemente uno de los esquemas de corrupción más grandes de América Latina en las últimas décadas con entereza, capacidad profesional y enfrentándose a grupos de poder económico, políticos muy grandes, sin que les tiemble la mano y con lo cual han empezado a generar resultados positivos.
Por otro lado en Centroamérica, hemos visto en Guatemala, a raíz de la experiencia de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad), la sociedad movilizada acompañando esta experiencia de ruptura con la impunidad, ha logrado, después de manifestarse por meses en las calles, que hoy en día estén en detención el presidente y la vicepresidenta (Otto Pérez y Roxana Baldetti) involucrados en un caso de gran corrupción también.
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¿Qué ha marcado la diferencia entre que a unos (países) les vaya bien y a otros mal en la lucha contra la corrupción?
Son fenómenos distintos. En el caso de Guatemala ha habido un factor internacional muy importante, como es el establecimiento de una comisión, promovida por Naciones Unidas contra la impunidad, y a la par un proceso social que ha venido acompañando los esfuerzos de esa comisión. Y hoy día estamos viendo los resultados que eso genera con una Fiscalía local, que ha ido capacitándose de los recursos humanos y técnicos que la propia Cicig aportó. En el caso de Brasil es totalmente diferente, porque ahí no ha habido ninguna intervención internacional, sino es una propia reacción del Ministerio Público, el poder judicial, a través de los fiscales especializados del caso Lava Jato, el juez (Sergio) Moro y otros magistrados que están conociendo estos procesos. Hay evidentemente dos dinámicas distintas, pero un mismo resultado. Por un lado una población movilizada, y por otro lado efectos muy claros que se están concretando en los procesos penales que se están llevando a cabo en esos países.
¿Qué es lo que hace que se gatille una situación de ese tipo? Eso es un misterio. En realidad en Honduras, por ejemplo, como usted sabe —al igual que Guatemala— por años ha venido siendo afectado de altísimos niveles de corrupción, narcotráfico, violencia —el país más violento del mundo hasta hace poco— de pronto se gatilla una situación que es la que el pueblo hondureño se empieza a movilizar y ha logrado que la OEA (Organización de Estados Americanos) cree una comisión similar a la de Guatemala para que también se inicie un proceso de ruptura de la impunidad. Hay procesos sociales y circunstancias propias de la coyuntura que cuando se mezclan en determinados contextos generan este tipo de resultados.
¿Cuál es la raíz del problema de la corrupción?
Es un fenómeno multicausal. No hay una sola explicación. Hay algunas que son más obvias que otras. En el caso de nuestra región, evidentemente el patrón de colonización español ha tenido que ver en el inicio cómo se generó una impronta en el desarrollo y organización de nuestros países basado fundamentalmente en el clientelismo. No hay que olvidar que los virreyes que vinieron a esta parte del mundo no fueron elegidos en base a la meritocracia, sino al hecho de que compraron sus puestos. Y, por lo tanto, vinieron a recuperar esa inversión entre comillas para obtener un beneficio personal. Ya eso de sí generó el desarrollo de una sociedad en la que el clientilismo fue la matriz que estableció las relaciones entre las personas. Luego han habido una serie de otros procesos históricos y reales que han ido determinando que hoy seamos una región del mundo con altos niveles de corrupción.
Sin duda alguna el hecho que la corrupción se haya normalizado en nuestros países, a diferencia de otras partes, es decir que esté tan extendida, que el ciudadano asume que es una parte cotidiana de su vida y que eso hace posible que se pueda movilizar socialmente determina que el proceso sea más complejo. En el fondo, lo que explica de alguna manera los altos niveles de corrupción que vivimos es el hecho de una falta de internalización de la noción de bien común. Cuando uno no tiene claro que sus actos tienen repercusión en el bien común, empieza entonces a pensar únicamente en el beneficio personal y de sus más cercanos allegados, y se rompe el esquema de contribución a un bienestar social que es finalmente el más afectado con todos estos niveles de corrupción. A eso se le puede sumar muchos otros factores.
De hecho somos una parte del mundo donde el crimen organizado tiene un impacto. De los 25 países más violentos del mundo, 15 están en América Latina. Estamos profundamente impactados por el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal, la minería ilegal y otros tipo de actividades de esa naturaleza, que sin duda alguna, ante la debilidad de nuestros Estados, van generando esquemas de corrupción que han determinado incluso situaciones de captura del Estado —literal— como pasó en el Perú en el tiempo de Fujimori y en otros países de la región.
¿Qué pasa cuando la corrupción cala, corrompe, todos los niveles de la sociedad?
Ahí lo que se genera es un doble reto, ¿no? Para hacer una comparación: si usted mira lo que ocurre en España. Allá hay muy altos niveles de corrupción, pero a nadie se le ocurre que un ciudadano español se va a meter la mano al bolsillo y ofrecerle veinte euros a un policía para que no le imponga una infracción (…) Eso no ocurre allá, porque la corrupción es un problema que afecta básicamente a las élites económicas y políticas de ese país.
En el caso de nuestros países, lamentablemente, eso no es así. Las élites ¡por supuesto están altamente comprometidas en temas de corrupción!, pero los ciudadanos nos hemos adecuado a esa situación y de alguna manera todos somos cómplices de los niveles de corrupción que estamos viviendo. ¿Qué hacer ante esa situación?
Digo el reto es doble, porque no solo está cómo resolver el problema de la impunidad, con una acción de la justicia que empiece a penalizar y sancionar a quienes incurren en ese tipo de prácticas indebidas, sino que hay un reto cultural, es decir cómo hacemos para que los ciudadanos de nuestros países asuman que hay mejores formas de vivir que la corrupción. Uno no debe resignarse a vivir en una sociedad que tiene que estar haciendo transacciones corruptas permanentemente para poder subsistir y avanzar, y efectivamente es posible cambiar esta dinámica para transitar a una verdadera cultura de la integridad.
¿Qué les preocupa del caso de Nicaragua?
Si la situación en América Latina en general es mala, en Nicaragua es bastante peor. Nicaragua solo está encima de Haití en las mediciones que nosotros hacemos sobre percepción de corrupción, y estamos viendo además con seria preocupación el deterioro, ya no solo en básicos niveles democráticos, sino de manejo transparente del Estado, ¿no? Lo cual es simplemente decepcionante viniendo de un país que en su momento pudo romper y zanjar con una dictadura, y tratar de proponer un nuevo modelo.
Hoy día estamos viendo que lo que se está advirtiendo es tan malo como lo que hubo antes. Se están cerrando los espacios democráticos y que además se advierte que no hay mucha información por la propia naturaleza que impone el régimen. Se advierte que están ocurriendo situaciones de corrupción muy preocupantes como es el caso del canal, donde hemos podido revisar los acuerdos con el empresario chino, la empresa china que está detrás de este proyecto, y es realmente sorprendente que el Gobierno de Nicaragua haya cedido en soberanía, en esquemas absolutamente faltos de transparencia para beneficiar a un solo inversionista a costa de estándares ambientales del país y probablemente fomentando esquemas de corrupción que van a beneficiar con muchísimo dinero a unas pocas personas en detrimento del país.
Se señala la concentración de poder en la familia del presidente Daniel Ortega, ¿cómo contribuye esta falta de independencia de las instituciones a la salud de la democracia?
Es un principio básico que un régimen democrático debe funcionar con pesos y contrapesos. Para eso están los sistemas de control y se supone que en una división de poderes, un poder debe controlar a otro —precisamente— para que no se produzca concentración. Hay un viejo aforismo en el mundo anticorrupción que dice que la concentración de poder genera corrupción y la concentración total de poder genera corrupción total. Creo que lamentablemente es a lo que nos estamos acercando. Nosotros hemos evaluado los acuerdos, que se han tomado para el tema del canal, y es evidente que ahí hay una actitud de parte del Gobierno de generar esquemas para esa tremenda inversión, que todo indica que van a terminar favoreciendo a unos cuantos a costo del país. Evidentemente en este sistema de chequeos y balances, que debe haber en todo sistema equilibrado y transparente, el nepotismo se convierte en una situación muy cuestionante.
Lo hemos visto en otras partes del mundo. En Guinea Ecuatorial, donde la familia Obiang, el presidente ha nombrado a sus dos hijos como ministros de las industrias extractivas y evidentemente están saqueando el país. El hecho que en Nicaragua el hijo del presidente esté ahora en una posición privilegiada en cuanto al tema del canal, y la esposa aparezca ahora como integrante de la fórmula presidencial, realmente rompe con toda posibilidad de equilibrio.
¿Qué mensaje se manda en América Latina al ver a una pareja como fórmula presidencial?
Lamentablemente no es el único caso. Somos una región con una tradición autoritaria muy antigua y eso de alguna manera también responde a su pregunta anterior de por qué hemos llegado a estos niveles de corrupción.
El autoritarismo y la debilidad institucional en nuestros países a veces es un factor que suma en materia de corrupción. Lo hemos visto en otras partes donde incluso un presidente (Álvaro Colom, Guatemala) ha simulado un divorcio con su esposa para poder liberarse de la norma que impedía que esta pudiera postular. Hemos visto presidentes apuntando a sus familiares cercanos en posiciones estratégicas de decisión y toma de responsabilidades en los Estados. Por lo tanto, el mensaje es de poco interés por la salud democrática del país, absoluto desprecio por la fortaleza institucional y, la consecuencia lógica de eso, va a ser un incremento de las prácticas corruptas. Porque —insisto— donde no haya transparencia, no haya acceso a la información, donde un círculo de personas allegadas, familiares, amigos, etcétera, se enroscan en el poder, entonces tiene la fórmula perfecta para la creación de grandes nichos de corrupción.
¿Qué pasó con Nicaragua si hace años hubo una lucha contra la corrupción, un expresidente (Arnoldo Alemán) fue a la cárcel?
El Gobierno no ha estado a la altura de los retos que imponía el país. Era indispensable después de la dictadura de Somoza, una reconstrucción del país, una reconstrucción institucional. Hubo mucha ilusión por la forma como el sandinismo llegó al poder y las propuestas originales que tuvo. Recuerdo haber estado ahí en los orígenes, del ingreso del sandinismo al poder, haber hablado con jueces por ejemplo y ver una justicia que se mostraba con mucha ilusión y ganas de hacer cambios, sin embargo se ha cedido a la tentación autoritaria. Se ha cedido a la anteposición de intereses personales a los intereses del país. Nicaragua sigue siendo de los países más pobres de la región y, ahora con estos acuerdos que vinculan al canal, además se están descubriendo con beneficios para unos grupos, pero no para el país en general.
Usted que vivió los años de Fujimori y Montesinos en Perú, ¿existe algún parámetro de comparación con lo que ocurre en Nicaragua?
Hay evidentemente rasgos similares. El gobierno de Fujimori instaló una red organizada con la lógica de la corrupción. Aquí hubo una captura total del Estado, se eliminó a la oposición que es lo que está ocurriendo en Nicaragua con las últimas decisiones que se han tomado sobre representantes de la oposición y una vez que se tuvo el monopolio del poder lo que se hizo fue organizar el Estado para incrementarle la fortuna y llenarle los bolsillos a los miembros de esa organización criminal. Hay rasgos que se están asemejando a lo que está pasando ahora aparentemente en este delirio de poder absoluto en que ha caído el presidente Ortega.
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EL PROYECTO DEL CANAL DE NICARAGUA
El proyecto del Canal Interoceánico, al que hace mención el presidente de Transparencia Internacional, surge con la concesión entregada por el Gobierno de Nicaragua a la empresa china HKND, cuyo presidente es el desconocido ejecutivo de negocios Wang Jing.
El acuerdo entre Wang y la administración Ortega fue firmado en junio de 2013 y es considerado a nivel nacional, por historiadores, como el pacto más vergonzoso y entreguista de la soberanía nacional en la historia nacional.
La construcción del canal, un proyecto que ha permanecido siglos en el imaginario nacional, fue estimada en 50 mil millones de dólares por sus impulsores. Sin embargo existen dudas sobre cómo se financiará el proyecto y sobre el impacto ambiental que tendría en el país, lo que ha movilizado a la comunidad científica para advertir las consecuencias que tendría si se lleva a cabo.
Según versiones periodísticas, fueron funcionarios chinos quienes contactaron a Wang con Laureano Ortega Murillo —hijo de la pareja presidencial y asesor de inversiones del gobierno—, con el fin de desarrollar la obra.
Ante la sumisión del gobierno a la concesionaria, la resistencia campesina no se hizo esperar. La responsabilidad del concesionario se diluye, además, en 15 sociedades anónimas para gestionar la obra, las cuales se encuentran inscritas en cuatro países, según la investigación realizada en su momento por la abogada Mónica López Baltodano.
