La fase final del juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff comenzó este jueves 25 de agosto con un ambiente caldeado en Senado e insultos entre sus partidarios y aquellos que exigen su destitución, que puede ser decidida la semana próxima.
El inicio de la sesión, dedicada inicialmente a escuchar a los testigos de la acusación y la defensa, fue atrasado por senadores de izquierda que apoyan a Rousseff y formularon numerosas cuestiones previas en las que pidieron desde la suspensión hasta la anulación del trámite por unos alegados “errores procesales”.
Las demandas fueron rechazadas una a una por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirige la fase final del juicio político en su carácter de garante constitucional, pero los ánimos de los senadores, convertidos ahora en jueces, se enervaron.
Los debates generados por esas demandas dejaron en evidencia el carácter político del proceso, que si bien se apoya en asuntos jurídicos, tiene como jueces a los 81 senadores, que sus primeros escarceos hicieron oídos sordos a un pedido hecho por Lewandowski.
“Los senadores se convierten ahora en verdaderos jueces y, por tanto, deben dejar de lado sus preferencias políticas y personales”, había dicho Lewandowski al declarar abierta la sesión.
Sin embargo, la pasión política se impuso y los descalificativos abundaron.
Desde los grupos de izquierda se acusó a quienes demandan la destitución de Rousseff de “golpistas”, al tiempo que desde el otro lado, mayoritario, se llegó a exigir que “los corruptos” del Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta, “vayan a prisión”.
Tras varios conatos de bronca, compareció el procurador del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que detectó las irregularidades que sustentan el proceso y detalló las prácticas ilegales que supuestamente cometió la mandataria.
De Oliveira sostuvo que Rousseff incurrió en un “gran fraude” al violar las leyes que rigen el manejo de los presupuestos públicos y dijo que, si bien no configuran delitos de carácter penal, sí lo son de tipo administrativo y están tipificados en la Constitución, tal como sostiene la parte acusadora.
El fiscal fue el primero de los seis testigos, dos de la parte acusadora y seis de la defensa, que el Senado escuchará en la fase final del proceso, que continuará este viernes y se prevé que será suspendida el fin de semana para ser retomada el lunes, cuando la presidenta comparecerá personalmente.
Rousseff dispondrá de media hora para exponer sus alegatos y luego responderá a preguntas que puedan hacer los 81 senadores, en su mayoría favorables a su destitución.
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La votación final está prevista para el martes o miércoles y, en caso de que el Senado se incline por la destitución, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien como vicepresidente sustituye a Rousseff desde mayo pasado, cuando fue suspendida del cargo para responder al proceso.
Temer, quien desde que asumió el poder dice que gobierna como si fuera “para quedarse”, encabezó este jueves una ceremonia en la que recibió la antorcha de los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán en Río de Janeiro a partir del 7 de septiembre.
El presidente interino no hizo alusiones a la situación política del país en su discurso, pero en una breve declaración a periodistas consideró que un proceso de destitución “es algo muy natural en una democracia”.
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Una opinión muy diferente manifestó el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff, quien en un acto sindical realizado en Río de Janeiro declaró que “hoy comenzó la semana de la vergüenza nacional”.
Según Lula, que pareció dar por perdida la batalla de Rousseff, será “una semana en que los senadores, que tendrían que estar preocupados con el futuro de la Nación, van a sancionar de forma cobarde a una persona contra la que no existe ninguna prueba”.