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Julio Icaza Gallard

Propaganda constitucional

Yo no sé por qué se esmeran tanto los operadores políticos de Ortega en fabricar decorados y confeccionar disfraces, que no logran disimular la verdadera naturaleza dictatorial del régimen. Todo ese procedimiento utilizado para moverle el piso legal a la oposición y dejarla fuera del juego y la posterior expulsión de la Asamblea de los diputados electos por el voto popular, auxiliados por un Iscariote y el ya conocido corrupto Consejo Electoral. Por mucho esfuerzo que hagan nadie les cree, porque para ellos la Constitución no es el sistema de límites que legitima al poder sino el disfraz que justifica el deseo de perpetuación del poder. Y la pobre Constitución política, Dios mío, está tan sucia de tanto que se han limpiado con ella, que no le queda un lugar sin mácula.

Ahora vienen con el cuento de que quieren defender la Carta Magna, con una Ley de Justicia Constitucional que vendría a sustituir a la actual Ley de Amparo y a sistematizar el conjunto de recursos constitucionales. Lo primero que cabría preguntarse es qué Constitución está defendiéndose. Una Constitución reformada en 2014 para legalizar todas las violaciones previas a su articulado y ampliar, entre otras cosas, los poderes de Daniel Ortega. Un traje a la medida del tirano y una Constitución, por tanto, que no representa esa voluntad general que Rousseau consideraba la esencia de la ley y el reflejo del pacto social que garantiza la convivencia pacífica de los ciudadanos.

También cabe preguntarse qué legitimidad tienen los representantes que van a discutir y aprobar esta Ley, de rango constitucional. Se trata de una mayoría de diputados espuria, producto de las elecciones fraudulentas de 2011, a la que se ha sumado con la reciente expulsión de 28 diputados del PLI una minoría abyecta, que ha demostrado guiarse más por su instinto carroñero que por el elevado sentido de justicia que requiere una labor legislativa de esta envergadura.

Pero además, al tiempo que se saltaron a la torera el procedimiento previsto para la reforma de las leyes constitucionales, como sucedió con la vertiginosa reforma de la Ley Electoral, que también tiene rango constitucional, se busca aprobar esta Ley antes de la fecha prevista para la farsa electoral, con el voto favorable de los zancudos de última hora, la quinta columna de la oposición, es decir, por unanimidad.

En tercer lugar, lo que uno de los profesores miembros del tribunal calificador recomendó al diputado redactor del proyecto de Ley y presidente de la Comisión especial, tras presentar en público su tesis doctoral, es aplicable al FSLN en su conjunto, entronizado hoy en todos los poderes del Estado: es necesario guardar la coherencia entre teoría y práctica.

Si no existe autoridad moral para proponer y aprobar un sistema de defensa de una Constitución que, por otra parte, consagra la reelección indefinida y otorga poderes absolutos a Ortega, entonces cabe preguntarse qué sentido tiene esta iniciativa. Y la respuesta es que se trata de pura propaganda, de otra mentira del régimen, de una iniciativa que vista aisladamente puede parecer muy loable pero en el actual contexto representa un instrumento para maquillar el rostro de una Nicaragua que vive de hecho bajo una dictadura dinástica.

¿A quiénes piensan engañar? Todo el mundo sabe que en Nicaragua no existe Estado de Derecho ni división de poderes. Que en Nicaragua cada día se violan con mayor frecuencia e impunidad los derechos humanos. Para muestra un botón: la reciente decisión del Relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos, Michel Forst, de suspender una visita a Nicaragua debido a falta de condiciones de seguridad. Suspensión que se da no por el temor a un ataque de la delincuencia o del narcotráfico, bajo un alto control policial militar, sino porque ese mismo sistema de seguridad, por orientaciones políticas, no quiso o no fue capaz de garantizarla para el alto funcionario frente a los riesgos de ataques derivados de las fuerzas del mismo gobierno. Una vez más cabe preguntarse: ¿a quiénes piensan engañar?

El autor es jurista y catedrático.

Opinión Ley de Justicia Constitucional PLI archivo

COMENTARIOS

  1. Ramiro
    Hace 8 años

    Bien dicho, lastima que pocos leen los periodicos, o mejor dicho que pocos comprenden lo que leen. El educarnos mal, es la fuerza de la dictadura, utilizan a los niños pequeños en defiles y asuntos partidarios, les educan con heroes y personajes cuyo merito es haber matado a alguien, les regalan las notas en los colegios y Universidades, por eso estamos indecisos de actuar, creemos que nos van a descubrir la falta de educación. Pobre pueblo, necesitamos educación.

  2. El Patriota
    Hace 8 años

    Todos fuimos engañados por aquellos que permitieron que Daniel Ortega volviera al poder. ¿y quienes fueron?

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