El certificado de notas y el título de licenciatura en Derecho como requisitos para la incorporación como abogado y notario público de Nicaragua ante la Corte Suprema de Justicia, ahora serán revisados por autoridades del Consejo Nacional de Universidades, como medida de precaución para que no ingresen al poder judicial falsos abogados.
La medida la dio a conocer ayer el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís. Esta decisión obedece a las recientes denuncias de usuarios que afirman ser afectados por falsos abogados y al reciente descubrimiento que hizo la Corte, del falso abogado Hermes Pérez Valenzuela, por lo cual mandó a borrarlo de la base de datos de abogados y notarios públicos del país.
Un caso reciente llegó a la Corte mediante correo anónimo denunciando que una persona reconocida públicamente como abogado en Masaya no lo es y que supuestamente compró el título.
También, están otros que dicen ser abogados en la misma condición de dudas e incluso unos concursaron para optar a cargos dentro del poder judicial, pero fueron descubiertos a tiempo, según fuentes judiciales.
700 A REVISIÓN
El magistrado Solís reconoció que existen como cuatro denuncias abiertas o en investigación en la CSJ, por lo que decidieron enviar una lista de 700 licenciados en Derecho que están solicitando su incorporación a la Corte, para que sus datos académicos sean revisados por el CNU.
“Hay como cuatro denuncias más. Mandamos una lista al CNU de 700 estudiantes y nos dimos plazo como Corte de tres semanas, pendientes de trámite, para que el CNU revise. Son títulos, certificados de notas que presentan alguna debilidad”, dijo el magistrado.
Para Solís, el problema no es generalizado, pero hay que verlo desde una óptica nacional y no dejarlo solo al poder judicial. Hasta el mes pasado había unos 26 mil abogados aproximadamente. “La idea es revisar bien esto, pero no es generalizado, son pocos”, agregó.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ anuló el título de abogado y notario público de Pérez Valenzuela, en julio pasado, por ser obtenido de forma fraudulenta, desde 1990, según resolución del poder judicial. También, mandó el expediente a la Fiscalía y Policía para que ejercieran acción penal, pero hasta ahora no ha pasado nada.