Colombia comenzó el jueves el camino hacia el plebiscito del próximo 2 de octubre en el que la población se pronunciará sobre el acuerdo de paz alcanzado en La Habana, con el anuncio de un histórico cese al fuego con las FARC, la guerrilla más antigua del continente, alzada en armas desde 1964.
Menos de 24 horas después de la rúbrica de los acuerdos logrados en la mesa de negociaciones, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó al Congreso el texto definitivo como requisito para la convocatoria de la consulta popular. Documento que él mismo ha definido como “inmodificable”.
Pero además allanó el camino para empezar a materializar la paz al anunciar el alto al fuego definitivo con las FARC que entrará en vigor a las cero horas del próximo 29 de agosto, una osada decisión que marcará en la práctica el fin del conflicto con ese grupo armado ilegal.
13 POR CIENTO
El plebiscito, que fue avalado el pasado 18 de julio por la Corte Constitucional de Colombia, establece, para lograr su aprobación, que al menos el 13 por ciento del censo electoral (4,396,626 electores) vote a favor del “Sí”.
“Soy consciente de que no tenía esa obligación legal (de convocar el plebiscito), pero sí la obligación moral, porque soy un demócrata y creo que el pueblo debe tener la última palabra”, apuntó Santos.
El presidente aseguró que entregó “al pueblo la última palabra sobre la paz de Colombia”, por lo que serán los ciudadanos los que digan: “Sí, quiero la paz”.
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El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe, líder del partido opositor de derecha Centro Democrático, reiteró que pide el “no” en el plebiscito porque considera que da “impunidad” a los guerrilleros y “premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces, en un país con más de cien mil presos por delitos menores que los de las FARC”.
Como parte del acuerdo, se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.
AMNISTÍA
Los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con “restricción de libertades” en condiciones especiales u ordinarias que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Sin embargo, Uribe consideró que los “delincuentes campeones que no piden perdón, no se arrepienten, se burlan del dolor causado, no son recluidos siquiera en granjas agrícolas, humillan a la sociedad y a las víctimas, crean condiciones para el rencor, no para la reconciliación”.
Un día después de la presentación del documento final, los negociadores del Gobierno, encabezados por Humberto de la Calle, instaron a los ciudadanos a que asuman su papel a la hora de refrendar el fruto de 44 meses de trabajo de las partes con el fin de lograr una paz estable y duradera.
De la Calle pidió, en una rueda de prensa, que “ningún colombiano se abstenga de decidir” en el plebiscito. “Hay dos caminos: continuamos en una situación de conflicto, agonizando después de casi siete millones de víctimas o abrimos las esperanzas de una paz firme”, señaló, a la vez que pidió a los indecisos que “estudien los acuerdos”.
97 MILLONES DE DÓLARES
El gobierno colombiano destinó 97 millones de dólares para realizar el plebiscito, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en declaraciones recogidas en un comunicado de su despacho.
El funcionario explicó que con esos recursos la Registraduría del Estado Civil “tendrá la capacidad logística y administrativa para organizarlo y brindar las garantías para que todos los colombianos” puedan participar “y así tener una presencia masiva en las urnas”.
Igualmente dijo que el plebiscito será un acto cívico en el que el país decidirá su propio rumbo. “No es un acto político, no es un tema partidista, no es una confrontación entre el Gobierno nacional y la oposición”.
SEÑAL PARA ELN
El resultado del plebiscito será una señal para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), advirtió un especialista de la Universidad Nacional (UN) de Bogotá. “Solo el grado de contundencia de los resultados del plebiscito del próximo 2 de octubre brindará señales claras de la sociedad al ELN sobre la inviabilidad de la guerra y la necesidad de sentarse a conversar”, explicó el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas.
El ELN, segunda guerrilla del país, anunció con el Gobierno el pasado 30 de marzo, el inicio de una fase pública de diálogos de paz, pero las negociaciones no han comenzado por la negativa de ese grupo armado de liberar a los secuestrados y renunciar a esa práctica.