La Unión de Productores de Nicaragua (Upanic) emitió un pronunciamiento en el cual pide a la Corte Suprema de Justicia que resuelva a la mayor brevedad posible un litigio de propiedad que está afectando a la sociedad Agrícola La Castilla.
El gremio de empresarios hace este llamado, que fue publicado en un campo pagado en la edición de ayer de LA PRENSA, para que el máximo órgano judicial ponga fin a este proceso legal en contra de los propietarios de Agrícola La Castilla, el cual para Upanic no tiene asidero legal alguno.
La señora Liliana Sosa de Avilés y su hijo Alberto Avilés Sosa, quienes representan a Agrícola La Castilla, señalan que el juicio en su contra lo que busca es usurparles 180 manzanas de su finca La Trinidad, pertenecientes a su familia desde 1959.
Juzgado local y apelación se pronunciaron
El comunicado de Upanic que respalda a la familia Avilés Sosa señala que los reclamantes buscan de forma “arbitraria” quitarles la propiedad, pese a que tanto el Juzgado Local de Chinandega como el Tribunal de Apelaciones de León han fallado a favor de Agrícola La Castilla.
“En 2008 los señores Francisco Blanco Arriaza y Francisco Blanco Apolonio Moreno, con base en un microfilme de asiento registral de Ineter del año 1901 y en contubernio con el exdelegado de Catastro de Chinandega, señor Jorge Luis Merlo, lo cual rola en autos, crearon un espurio número catastral e inscribieron en el Catastro de Chinandega de forma arbitraria e ilegal una extensión de tierra de 180 manzanas sobre la referida finca La Trinidad, que pertenece a Agrícola La Castilla, pretendiendo obviar los asientos registrales posteriores al año 1901 y violar la posesión y dominio, debidamente inscritos en el Catastro como en el Registro de la Propiedad de Chinandega”, cita el comunicado Upanic, firmado por Michael Healy, su presidente.
Tanto la señora Liliana Sosa de Avilés y su hijo Alberto Avilés Sosa expresaron su preocupación por lo que denominan “retardación de justicia” en su caso, el cual está en la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de septiembre del 2013.
“Lo que pasa es que pese a la claridad del caso y los registros a nuestro favor, nos inquieta que nos han dicho que podría haber algunos magistrados que piensan que nosotros no tenemos la razón, que estamos mal, cuando nosotros tenemos toda la documentación legítima sobre la propiedad”, relató la señora Sosa de Avilés.
Cuentan con número NAP
La señora Sosa de Avilés explicó que Agrícola La Castilla en la Finca La Trinidad cuenta con su Número Absoluto de Propiedad (NAP) y un Número Absoluto Catastral (NAC) en el Registro Público de la Propiedad y en el Sistema Integrado de Inscripción de Catastro y Registro (Siicar).
Este alberga los registros de aquellas propiedades que cuentan con todos los requisitos como rectificación del área catastral, amojonamiento, aprobación de plano topográfico y la emisión de un certificado de folio de Propiedad.
Su hijo Avilés Sosa por su parte presentó una certificación emitida por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) el 4 de enero del 2002 por el entonces delegado de Catastro de Chinandega, Jorge Luis Merlo, quien reconoce que en la medición de la propiedad se cometió un error al emitir una certificación con base en un microfilme que “no deja claros los linderos” de la propiedad reclamada.
“Es que la parte de la propiedad de la que se quieren apropiar es la parte más desarrollada, donde tenemos corrales, pozos, la hacienda. Es donde se concentra la mayor inversión de nuestra familia”, finalizó.
Investigar retardación de justicia
El comunicado de la Unión de Productores de Nicaragua (Upanic) solicita una investigación sobre las razones de por qué el caso de Agrícola La Castilla se ha estancado en la Corte Suprema de Justicia.
“La Unión de Productores de Nicaragua solicita a su autoridad (en referencia a la presidente inconstitucional Daniel Ortega) que ordene una investigación a fondo de por qué la retardación de justicia en el recurso de casación en el fondo 26-000389-0RO-0422-11CV y que además la Corte Suprema de Justicia resuelva pronto y conforme a Derecho”, señala el comunicado.
El comunicado insiste en que Agrícola La Castilla tiene todas las pruebas y evidencias que la favorecen.