Dos empresas camaroneras vinculadas a familiares del general en retiro Álvaro Baltodano, presidente de la Corporación de Zonas Francas y presidente de ProNicaragua en su carácter de delegado presidencial para inversiones, han desestimado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica que el Estado no tiene intereses en las tierras en las que estas se encuentran operando, dejando las puertas abiertas a un reclamo hecho por los dueños de la propiedad, que acusan a estas empresas de usurpar sus bienes.
Estas empresas son Camaroneras del Pacífico SA (Campa) y Larvas del Pacífico SA (Lapsa), las que además recibieron un espaldarazo de la misma agencia promotora de inversiones ProNicaragua, dirigida por el general Baltodano, que fue la que solicitó a la Procuraduría General de la República anular una certificación o carta de no objeción que tuvo como efecto favorecer las operaciones de estas camaroneras.
Baltodano es uno de los militares retirados que vino a ocupar cargos públicos de importancia en el Gobierno desde 2007 con la llegada al poder del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Las tierras en las que operan Campa y Lapsa son reclamadas por los hermanos Carmen María y Mariano José Navarro Sosa, quienes han padecido “boleo” entre las instituciones del Gobierno, que en ocasiones les han dado la razón para posteriormente rechazar sus solicitudes.
El reclamo de esta familia por esta propiedad data desde 1992. Sin embargo, la incapacidad de los abogados que los representaban y el desinterés de parte de los funcionarios en los gobiernos de doña Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños no lograron que su reclamo fuese atendido hasta 2012. Esto no evitó que se diesen diversas irregularidades.
Documentos del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca) a los que tuvo acceso LA PRENSA revelan que incluso esta institución permitió operar a estas empresas camaroneras por cuatro años sin tener renovada su concesión de explotación.
La renovación de Inpesca se dio en mayo de este mismo año, a pesar de que la institución tenía pleno conocimiento de los problemas legales que enfrentaban las camaroneras.
La PGR certifica y luego desaprueba
Mientras las concesiones de las camaroneras estaban vencidas, debido a consulta de Inpesca y solicitudes hechas por los hermanos Navarro Sosa, la Procuraduría General de la República finalmente se pronunció sobre este caso por medio de una certificación emitida 15 de abril del 2013, en la que, en síntesis, afirma que la inscripción de la finca a favor de los hermanos Navarro Sosa “no afecta ni lesiona intereses del Estado”, dejando establecido que las tierras donde operan las camaroneras no eran públicas. La certificación es firmada por el mismo procurador Hernán Estrada Santamaría.
Sin embargo, en un acto inusual, cuatro meses después, en agosto de ese mismo año, el mismo procurador Estrada anuló su propia certificación. Aunque el funcionario público no quiso atender las consultas sobre este tema, LA PRENSA pudo acceder a una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se cita que la PGR alegó que esta medida fue por un pedido de la agencia ProNicaragua.
La resolución fue emitida el 29 de enero del 2014 y en esta se cita que la “Procuraduría General de la República revocó la carta de no objeción, aduciendo que ProNicaragua había solicitado la revocación, por existir por medio derechos del Estado”.
Esta decisión de la Corte Suprema fue la culminación de un proceso emprendido por los hermanos Navarro Sosa en contra del procurador Estrada Santamaría en la que la Sala del máximo poder judicial anula la desaprobación del procurador Estrada y declaran como legítima y válida la certificación original de la PGR.
Lo que denota esto es un problema de inseguridad jurídica para los ciudadanos y falta de transparencia, porque entonces lo que se determinó no es con base en los resultados de una revisión rigurosa, si no de lo que dispone una persona, o sea, en este caso, el señor procurador general de la República”.
Alberto Novoa, exprocurador general de la República.
Camaroneras no hablan
LA PRENSA buscó la versión del presidente y representante legal de Camaroneras del Pacífico y Larvas del Pacífico, el señor Emilio Sebastián Baltodano Cantarero, hermano del general en retiro Álvaro Baltodano. Se le buscó en sus oficinas desde el pasado 18 de agosto, ubicadas de los semáforos de Lozelsa, media cuadra hacia el oeste, pero nos dijeron que no se encontraba. No respondió los mensajes a su correo electrónico. Fue hasta el lunes pasado que atendió nuestras llamadas, pero no quiso referirse al tema.
“Mire, en estos momento estoy fuera del país, no puedo atenderlos sobre eso”, respondió primeramente. “¿Entonces puede responder por el correo electrónico que le mandamos?”, le hicimos ver. “Bueno, bueno, bueno, ya. Muchas gracias”, dijo, cortando abruptamente la llamada.
También se entregaron solicitudes de entrevista a Edward Jackson, presidente ejecutivo de Inpesca, y al procurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría, para abordar este tema, pero ninguno atendió nuestros pedidos.
LA PRENSA abordó al general Baltodano Cantarero en el marco del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), que se realizó recientemente en Managua, y este evadió referirse al tema de sus hermanos.
“En la promoción de inversiones nosotros estamos apuntalando a la inversión. Si hay alguna problemática o algo más, lo que nosotros hacemos es transferir esa problemática a las instituciones que están abocadas a resolver ese tipo de problemáticas, pero no es ProNicaragua la que va a resolver el problema de la propiedad ni mucho menos. Eso lo tienen que resolver por medio de las vías correspondientes”, respondió Baltodano primeramente.
“Lo que sucede es que hay varias camaroneras que están en el golfo (en Chinandega) con concesiones del Estado, que es el que da las concesiones, porque se supone que es dueño de las tierras. Si hay camaroneras en tierras privadas, que puede ser, eso ya no lo conozco, pero el papel de ProNicaragua es promover la inversión, es lo que nos interesa. Cuando un inversionista tiene un problema nos interesa conocerlo y guiarle por dónde puede o debe resolverlo”, añadió, para luego retirarse abruptamente, pese a nuestras insistencias para abordarlo sobre el tema de las camaroneras de sus hermanos.
Otorgaron concesión en tierras privadas
De acuerdo con los documentos de Inpesca, el problema inició en 1992, cuando el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro otorgó varias concesiones para la explotación del cultivo de camarón a varias empresas camaroneras.
Una de las partes concedidas fue una finca denominada Santa Rita de Hato Nuevo, ubicada en el municipio de El Viejo, Chinandega, de 1,843 hectáreas; 1,011 hectáreas fueron distribuidas en tres empresas: Campa, Lapsa y SeaFood International Company Sociedad Anónima.
La concesión entregada en 1992 fue bajo la premisa de que los terrenos adjudicados eran tierras del Estado. Sin embargo, esta propiedad es reclamada como propia por los hermanos Carmen María y Mariano José Navarro Sosa, que fueron heredados por su padre y propietario original de la finca, el señor Mariano Navarro Gasteazoro.
Inpesca renovó concesión pese a conflicto
En 2012 las concesiones a Campa y Lapsa para la explotación del cultivo de camarón expiraron luego de 20 años. Sin embargo, pese a que las autoridades de Inpesca estaban informadas sobre el reclamo de los hermanos Navarro Sosa, esta institución permitió que estas siguiesen operando con normalidad sin tener una renovación oficial de su concesión, lo cual ocurrió hasta el 5 de mayo de este año (2016), cuando fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado.
Sin embargo, los documentos de Inpesca revelan que este problema fue reconocido por los anteriores directores de esta instancia Steadman Fagoth Müller y Danilo Rosales Pichardo. Entre la documentación a la que se tuvo acceso está una carta enviada por Fagoth Müller el 6 de febrero del 2013 al procurador Hernán Estrada Santamaría, en la que reconoce los derechos de los hermanos Navarro Sosa sobre Santa Rita de Hato Nuevo y le pide al abogado del Estado su apoyo para que se llegue a un acuerdo entre estos y los representantes de las empresas camaroneras.
“Faltó rigurosidad”
Alberto Novoa, exprocurador general de la República, explicó a consultas de LA PRENSA que las certificaciones de la PGR deben estar avaladas por lo establecido por el Registro Público de la Propiedad, que es en todo caso el que debe certificar que la inscripción de un bien cumpla con todos los requerimientos.
“Lo que en este caso la PGR certificó es que la propiedad en todo caso no está sometida a alguna afectación, como confiscaciones o afectada por la Ley de Costas, por ejemplo, por lo que el Estado no tiene ninguna objeción sobre a quiénes pertenece la propiedad, de acuerdo con lo que establece el Registro de la Propiedad, que, desde mi punto de vista es la instancia máxima que debe certificar este tipo de casos”, explicó Novoa.
“Ahora, el hecho de que el procurador anule algo que él mismo había brindado su no objeción es preocupante porque en todo caso uno debería esperar que esta no objeción fuera con base en una revisión rigurosa del caso, principalmente con lo referido a lo que establece el Registro de la Propiedad. Lo que denota esto es un problema de inseguridad jurídica para los ciudadanos y falta de transparencia, porque entonces lo que se determinó no es con base en los resultados de una revisión rigurosa, sino de lo que dispone una persona, o sea, en este caso, el señor procurador general de la República”, añadió.
Los vínculos familiares
LA PRENSA tuvo acceso a certificaciones registrales de estas empresas, en las que se revela que en el caso de Larvas del Pacífico (Lapsa) los socios son el señor Emilio Baltodano Cantarero (hermano del general Álvaro Baltodano), Luis Alberto Chamorro Cuadra (cuñado de Emilio y Álvaro Baltodano) y Alfredo José Marín Ximénez.
Fue constituida desde 1991 y su presidente actual es Emilio Baltodano Cantarero. En el caso de Camarones del Pacífico (Campa), igualmente repite como socio y presidente Emilio Baltodano Cantarero y los otros socios son las sociedades Marina San Lorenzo, Industrias Marinas, Asking Finantial Corporation, Jaime Soriano y Transamericana de Inversiones.
En enero de este año Gerardo Baltodano (otro hermano del general Baltodano), en representación de Lapsa, transfirió su concesión a Campa. En el caso de SeaFood Company International, aunque esta igualmente opera en Santa Rita de Hato Nuevo, no tiene ningún vínculo con la familia Baltodano Cantarero y mantiene vigente su concesión otorgada por Inpesca.
Antes de ser beneficiados con la renovación de la concesión por parte de Inpesca en mayo de este año, Campa y Lapsa realizaron una “fusión” para desarrollar la misma.
LA PRENSA tiene en su poder una escritura en la cual Lapsa le cede a Campa sus derechos de concesión y explotación de su granja camaronera de 317.85 hectáreas en Santa Rita de Hato Nuevo.
Gerardo Baltodano Cantarero es quien comparece como representante legal de Lapsa para cederle su concesión a Emilio Baltodano, su hermano, quien comparece en representación de Campa. Según la escritura, cuya copia está en nuestro poder, la transferencia se dio el 18 de enero de este año.
