Carmen María Navarro Sosa tiene temor. Insiste en que lo único que quiere es que el Estado cumpla con lo que el mismo Estado ha decidido. Y esto es que las tierras de la finca Santa Rita de Hato Nuevo, donde operan las empresas Camarones del Pacífico y Larvas del Pacífico, le pertenecen a su familia.
LAPRENSA publicó ayer un amplio reportaje en el que estas dos camaroneras son manejadas por hermanos y familiares cercanos del general en retiro Álvaro Baltodano, presidente de la Corporación de Zonas Francas y delegado presidencial para la promoción de inversiones.
La señora Navarro Sosa confirmó que sus abogados presentaron una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en contra de las empresas camaroneras, por desacatar un fallo de este máximo órgano judicial que certificó que el Estado no tiene intereses en las tierras en donde operan estas empresas.
“Esas tierras son de mi hermano y mías desde 1958, las heredamos porque mi papá las había comprado a la familia Gasteazoro. Nosotros cuando dieron esas tierras en concesión en 1992, no nos dimos cuenta lo que había sucedido, hasta que estaban las camaroneras ya construyéndose es que comenzamos los reclamos a la Procuraduría”, relató la señora Navarro Sosa.
“Fui a la Procuraduría General de la República de Chinandega, a Catastro, al Registro de la Propiedad, verificamos con la delegada de la Procuraduría los mojones en la misma finca. Ella misma mandó a Managua su reporte de que todo estaba correcto, debidamente inscrito, y el mismo procurador Hernán Estrada nos dio una carta de anuencia sobre esto. Pero ideay, dos o tres meses después él mismo nos mandó a cancelar la carta”, lamentó.
Reclamo internacional
La señora María Carmen Navarro Sosa advirtió que si la camaroneras no buscan llegar a un arreglo con ellos, seguirán con su denuncia, pero en Estados Unidos.
“Tengo hijos y nietos estadounidenses y si esto no se resuelve voy a reclamar internacionalmente. Estas camaroneras están produciendo y exportando productos que vienen de una ilegalidad. Hay leyes que sancionan en Estados Unidos y Europa, como la ley FCPA (Foreign Corrupt Practice Act) que investiga los productos que se exportan a Estados Unidos”, señaló.
