Desde el 26 de agosto del 2016, los usuarios de la justicia deben pagar entre 30 y 200 córdobas por las certificaciones de folios, sentencias y expedientes judiciales, según acuerdo número 400 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enviado mediante circular a magistrados de apelaciones, jueces y jueces certificadores.
La medida administrativa es bien vista por la mayoría de abogados litigantes, ya que consideran que mediante el pago de las certificaciones, aunque se invierta un poco, se tiene la posibilidad de agilizar el trámite y exigir entrega en tiempo y forma.
Además, se colabora con la transparencia, ya que evita posibles casos de corrupción, porque el pago se hace directamente al banco y el usuario solo entrega la minuta del depósito a donde corresponda la entrega del documento.
Según la circular de la Corte Suprema de Justicia, la certificación de un expediente tiene un costo de C$200, la certificación de sentencia no importando el número de hojas o folios, es de C$150, mientras que la certificación de un folio individual de cualquier otro documento cuesta C$30.00.
NO VIOLA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA
Según Aracely España, abogada litigante, el costo de las certificaciones traerá agilidad en los trámites, sobre todo cuando lo necesitas de urgencia. “En otros países del mundo, por muy pequeño que sea el documento se paga y es lógico porque se incurre en gastos, tinta, papel, tiempo laboral, pero a cambio tenés agilidad y transparencia”, dijo España.
Antes las certificaciones eran gratuitas, pero te llevaba un largo tiempo de espera, entre 10 y 20 días y muchas veces “tenías que pagar impulso procesal”, dicen algunos abogados, es decir pagar por debajera.
Para el abogado Marlon Aburto, la medida no atenta contra el principio de gratuidad de la justicia, ya que una certificación de sentencia es un trámite meramente administrativo. “Es cierto que la justicia es gratuita, por eso no pagaste jueces, y te garantizan un defensor público, pero hay trámites que sí debes pagar y es lo correcto, porque esto te da derecho a exigir cumplimiento en tiempo y forma, evita la burocracia y garantiza transparencia.
Según la circular, quedan excentos de este pago, las instituciones del Estado, las personas declaradas pobres a través de sentencia judicial, y las que autorice el Consejo del poder judicial.
Para el abogado Harold Contreras, la carga monetaria le cae al usuario que muchas veces no tiene ni para pagar a la defensa y considera que las emisiones de certificaciones de sentencia deberían continuar siendo gratuitas.