Las fuerzas de seguridad de Honduras detuvieron este jueves 8 de septiembre en el occidente del país a un hondureño por su presunta participación en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, en marzo pasado.
Se trata de Elvin Rápalo Orellana, quien fue arrestado por efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el municipio de Zacapa, departamento occidental de Santa Bárbara, y es el sexto detenido en relación con el crimen de Cáceres, afirmó a periodistas el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán.
La líder indígena, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza.
Según investigaciones de la ATIC, Rápalo Orellana es señalado como “coautor” del asesinato de Cáceres y fue el que supuestamente disparó contra el mexicano Gustavo Castro, un ambientalista originario de Chiapas que estaba junto a la ambientalista cuando fue asesinada.
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Habría disparado contra ambientalista mexicano
Castro había viajado a Honduras para participar en unas charlas sobre el tema ambiental y la noche del crimen se había quedado en casa de Cáceres, según familiares de la dirigente ambientalista asesinada.
Rápalo Orellana, de 21 años, fue detenido en un operativo coordinado por la ATIC con apoyo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, señaló el portavoz del organismo hondureño.
Por el crimen de Cáceres están detenidos Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, empleado de la hidroeléctrica “Agua Zarca”, que pretende desarrollar la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista.
También está detenido Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson, a quien las autoridades le decomisaron un revólver calibre 38, con el que habría sido asesinada Cáceres.
La ambientalista gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de una represa de esa empresa en el río Gualcarque, en las comunidades indígenas lencas.