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Funes,

Mauricio Funes, expresidente de El Salvador y asilado político en Nicaragua. LA PRENSA/AFP/Presidencia de Nicaragua

Fiscalía salvadoreña mantiene investigación contra Mauricio Funes

La Fiscalía de El Salvador, por estar aún investigando, no ha emitido ninguna orden de detención en contra de Funes

El fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, aseguró este lunes 12 de septiembre que la investigación por presuntos delitos de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes seguirá adelante pese a que recibió asilo en Nicaragua.

“Nosotros continuamos en la recolección de pruebas”, declaró Meléndez en conferencia de prensa, en la que destacó que el asilo que le concedió Nicaragua a Funes es un acto soberano de un país y a la Fiscalía no le corresponde pronunciarse.

A mediados de agosto, la Fiscalía ordenó más de una decena de allanamientos que incluyeron la casa del expresidente, como parte de una investigación sobre posibles actos de corrupción.

Funes, gobernó entre 2009 y 2014, recibió asilo político en Nicaragua junto a su grupo familiar tras argumentar que en El Salvador su vida corría peligro.

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El exmandatario ha señalado que buscó asilo en Nicaragua porque “grupos de poder económico” salvadoreños no le perdonan haber denunciado la corrupción en anteriores gobiernos de derecha por lo cual buscan su “muerte civil” y hasta su “exterminio físico”.

Sin orden de detención

La Fiscalía indaga a Funes por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública.

Meléndez indicó que, de momento, la Fiscalía por estar aún investigando, no ha emitido ninguna orden de detención en contra de Funes.

“Aún estamos analizando mucha evidencia, hemos recogido cantidad de información que tenemos que analizar”, sostuvo el Fiscal general.

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Funes gobernó como el primer presidente de izquierda en El Salvador, bajo la bandera del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder.

El expresidente, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la exprimera dama Vanda Pignato, son objeto de una demanda por no justificar en su declaración patrimonial al término de su mandato 728.329 dólares, lo que llevó a un proceso civil que se ventila en los tribunales.

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