La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —que es controlada por magistrados sandinistas— rechazó el amparo interpuesto por los diputados opositores en contra de su destitución, sellando así el golpe a la oposición.
La Sala Constitucional notificó el 12 de septiembre pasado el “no ha lugar al amparo” interpuesto por los 28 diputados suplentes y propietarios, y se dejó firme la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Asamblea Nacional de quitarles la diputación a los reclamantes.
Los 28 legisladores electos en 2011 en la casilla del Partido Liberal Independiente (PLI) fueron despojados de sus cargos por solicitud del nuevo presidente de ese partido, también por un fallo de la CSJ, Pedro Reyes.
Los magistrados del CSE y la Junta Directiva de la Asamblea —controlados por el sandinismo— quitaron la condición de diputados a los opositores porque se negaron a reconocer la autoridad de Reyes.
LO QUE DICE LA SENTENCIA
En su resolución, la Sala Constitucional sostiene que el CSE y la Asamblea tienen facultades para aplicar la destitución, en base al artículo 131 de la Constitución de la República, que incorporó la figura del transfugismo como causa para que un electo por voto popular pierda el cargo.
“El transfugismo político se ha convertido en un fenómeno que atenta contra la democracia (…), primordialmente porque afecta la correlación de fuerzas políticas inicial… Esto es una especie de estafa política que va en detrimento del concepto de la representación en que se basa la democracia moderna”, argumenta la Sala Constitucional para rechazar el amparo.
El tranfugismo es una figura inventada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para castigar a sus adversarios y aliados políticos, y se incluyó en la reforma a la Constitución de 2014.
LEA TAMBIÉN: Concejal PLI de Rivas se declara independiente
En esa reforma constitucional también se eliminó la prohibición de la reelección presidencial continua, para favorecer al presidente inconstitucional Daniel Ortega, quien busca su segundo mandato continuo en las elecciones de noviembre de 2016.
INSISTIRÁN EN DENUNCIAR
“Esta sentencia me parece una cátedra de cinismo político porque nos quitan la diputación por supuestamente haber sido una estafa política, cuando a todas luces la estafa política es don Pedro Reyes, porque ahí están las encuestas de que el electorado que nos respaldó a nosotros, que nos eligió, no se fueron con él solo porque lo dictara una sentencia”, reaccionó Pedro Joaquín Chamorro, uno de los legisladores destituidos.
LEA TAMBIÉN: Desconfianza en comicios persiste
COMICIOS SON FARSA
“Ni los partidos, ni los liderazgos se pueden hacer por decretos, ni los electores se pueden pasar por decreto, y eso se va a demostrar en estas elecciones. Ahí está que el señor Pedro Reyes intentó conseguir un préstamo respaldándose con la cantidad de votos, (31 por ciento) obtenido por nosotros, cuando las encuestas ahora dicen que solo llega al 2.2 por ciento”, dijo el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro.
