El subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos votó a favor del proyecto de Ley “Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708”, cuyo objetivo es que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de préstamos a Nicaragua.
La iniciativa de ley conocida como “Nica Act” persigue que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros internacionales sean votados en contra por EE. UU., a menos que el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega tome medidas para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes.
El voto favorable del subcomité del Hemisferio Occidental, realizado durante la audiencia denominada “Colapso de la democracia en Nicaragua”, es el primer paso en el camino a la aprobación de esa legislación patrocinada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), ambos miembros del Comité de Relaciones Exteriores.
El voto de Estados Unidos ante los organismos financieros internacionales es decisivo.
“Espero que esta ley sea aprobada por el Congreso y el Senado y sea firmada rápidamente por el presidente (Barack) Obama”, dijo el congresista Sires.
Ros-Lehtinen se mostró satisfecha con el voto bipartidista a favor del proyecto de Ley. “El régimen de Ortega sigue utilizando su control sobre los poderes electorales y judiciales para garantizar el continuismo en el poder en las próximas elecciones de Nicaragua”.
El excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, sostuvo este jueves que si el proyecto de ley fuera aprobado “y quiero decirte que no hay ninguna posibilidad que salga aprobada para este año, pero no se puede descartar para el 2017, significaría que Nicaragua dejaría de recibir de las instituciones financieras cientos de millones de dólares al año, en créditos altamente concesionarios. Es decir con tasas de interés bajas y con plazos de repagos largos y eso en un momento que ya debemos descartar totalmente la ayuda venezolana, cosa que vengo diciendo desde hace tiempo, sería durísimo para la economía de Nicaragua”.
A la audiencia asistió el subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Juan González, y la asistente administrativa del Buró para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Marcela Escobari, invitados por el subcomité para dar testimonio sobre el retroceso democrático en Nicaragua.
USAID Atestigua retroceso democrático
Escobari dijo que contrario a lo que sucede en Guatemala, donde la Fiscalía lucha contra la corrupción a través de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad), en Nicaragua “el gobierno de Daniel Ortega continúa cerrando los espacios democráticos y consolidándose en el poder”.
La funcionaria de USAID señaló que el cuarenta por ciento de la niñez nicaragüense no asiste a la escuela y que el país sigue siendo el segundo más pobre del hemisferio.
El presidente del subcomité, Jeff Duncan, durante su intervención hizo alusión a los múltiples términos en los que ha gobernado Ortega —quien va por un cuarto mandato—, la concentración del poder político, las irregularidades en los procesos electorales observados y documentados por el Departamento de Estado, en diversos reportes, y las reformas a la Constitución, “incluyendo la Ley
Militar y de la Policía que le ha otorgado a Ortega mayor control en el país”, acotó.
Derechos Humanos, nepotismo y libertad de expresión
Duncan también se refirió a las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, las violaciones a los derechos humanos y el nepotismo que promueve el gobierno de Ortega.
Otro de los temas abordados por el congresista Duncan, es el fortalecimiento militar que tiene el gobierno sandinista con el apoyo de Rusia, y la concesión para la construcción del Canal Interoceánico a la empresa china HKND, “con enormes discrecionalidades”, refirió.
Por su parte el congresista Albio Sires habló de la necesidad de trabajar coordinadamente entre la administración del presidente Obama y el Congreso, para encontrar las vías que permitan el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
Una de esas vías —a juicio del legislador estadounidense— es la aprobación del proyecto de Ley “Nicaraguan Investment Conditinality” o “Nica Act”, para evitar que Estados Unidos vote a favor del financiamiento de proyectos “a menos que el gobierno de Ortega tome pasos efectivos para la realización de elecciones libres, justas y transparentes”, expresó.
Durante su intervención la congresista Ileana Ros-Lehtinen afirmó que entre los abusos de Daniel Ortega está la expulsión del director de Freedom House, Carlos Ponce, en febrero del 2015; la expulsión de tres estadounidenses en junio del 2016, el retiro de la representación legal del PLI al opositor Eduardo Montealegre, la defenestración de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional, y la candidatura de Rosario Murillo, una designación que calificó de “ilegal” y cuyo interés es mantenerse en el poder y afianzar la dinastía.
Libertad de procesos políticos en Venezuela
Durante la audiencia, el subcomité también votó a favor de la resolución H.Res. 851, que demanda la liberación inmediata de los prisioneros políticos, y el respeto a los procesos constitucionales y democráticos en Venezuela.
“Espero que estos proyectos de ley se sigan aprobando en el Congreso para poder enviar un fuerte mensaje de apoyo al pueblo de Nicaragua y Venezuela que sufren bajo estos regímenes criminales”, enfatizó Ros-Lehtinen.
Millones en riesgo
Según el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, instituciones financieras internacionales como el BID y el Banco Mundial le prestan aproximadamente 250 millones anuales a Nicaragua en condiciones muy favorables, como bajas tasas de interés y largos plazos para el pago.
“Y como en 2017 prácticamente no recibiremos ‘ayuda’ venezolana, sin estos fondos, y el aval para nuestra economía que ellos representan, difícilmente podremos mantener una tasa de crecimiento positiva de un 4.5 por ciento”, señaló.