La omisión y el incumplimiento del Gobierno de Nicaragua ante las medidas cautelares y medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la solución de los conflictos por territorio en la Costa Caribe, expone “el desinterés” y la “doble moral” del Estado en temas de derechos humanos y el respeto a los derechos de pueblos indígenas, coinciden organizaciones nicaragüenses.
“No hay una sanción específica, pero sí hay sanción moral por medio de cartas de organismos, además que Nicaragua entraría en una lista negra de países que incumplen sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, expone Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó en septiembre medidas provisionales a cinco comunidades indígenas miskitas del Caribe Norte, parte de las 12 que cuentan con medidas cautelares por la situación de violencia ante la invasión de colonos en sus territorios.
Dichas medidas no se refieren únicamente a la protección de las comunidades afectadas, sino a una intervención enérgica del Estado y a la constitución de organizaciones, integradas tanto por representantes indígenas como por autoridades, en un plan de acción para intervenir de manera efectiva y solucionar el conflicto a fin de garantizar la vida y la seguridad tanto de los indígenas que permanecen en sus tierras como de los que han tenido que huir por la violencia.
“El Gobierno saca pecho y reivindica el derecho internacional cuando se trata de juicios por disputas territoriales (con Costa Rica y Colombia), dice que Nicaragua acata las sentencias y fallos de las Corte Internacional de Justicia de la Haya, pero para aplicar en los derechos humanos a favor de los nicaragüenses irrespeta e incumple sus compromisos internacionales”, sostiene Gonzálo Carrión, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Para ambos defensores de derechos humanos esta situación puede derivar en un aislamiento del país respecto a organizamos internacionales que busquen apoyar iniciativas o invertir en el país, pues no lo considerarían seguro tomando en cuenta que el Gobierno no cumple con las garantías básicas para la población.
SEGUNDO LLAMADO
En octubre de 2015 la CIDH otorgó las primeras medidas cautelares a comunidades de la Costa Caribe Norte azotadas por la violencia, actualmente son 12 comunidades en esa lista, pero ninguna ha recibido protección del Estado.
Las medidas provisionales fueron dictadas a inicio de septiembre en favor de cinco comunidades miskitu: Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi.