El Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EE. UU), aprobó el jueves pasado una iniciativa de ley para sancionar al régimen de Daniel Ortega.
La iniciativa debe pasar por varios trámites antes de ser convertida en ley, y si así fuese, el Gobierno de EE. UU. estaría obligado a frenar la aprobación de todos los préstamos de instituciones financieras a Nicaragua, hasta que Ortega cumpla su obligación —establecida en la Carta Democrática Interamericana de la OEA— de organizar elecciones libres y transparentes por medio de un tribunal electoral imparcial y con la debida observación nacional e internacional.
El proyecto denominado Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua, tiene que pasar ahora al Comité de Asuntos Exteriores, el que también tiene que aprobarlo para que pueda ser sometido al pleno de la Cámara de Representantes. Y solo después de que esta lo votara favorablemente, pasaría finalmente a la consideración del Senado. Como ya comentamos cuando la iniciativa fue presentada en el Subcomité de Asuntos Hemisféricos, la aprobación de una ley como esta no es nada fácil, no solo por el engorroso procedimiento legislativo estadounidense, sino también por los complicados intereses políticos y económicos de los legisladores de ambos partidos, Demócrata y Republicano, y la influencia de los cabildeos externos que muchas veces es determinante para que una propuesta de ley sea aprobada o rechazada.
Por otra parte, como explican diplomáticos y observadores políticos nicaragüenses conocedores de la política estadounidense, por lo menos en lo que resta del presente año es prácticamente imposible que sea aprobada la ley para sancionar al régimen orteguista, por la campaña electoral que está en curso y culminará en noviembre y otros asuntos que son más importantes y prioritarios para los legisladores estadounidenses.
Esta no sería la primera vez que el gobierno de EE. UU. sancione al actual régimen orteguista —que se instaló en enero de 2007— por incumplimiento de sus obligaciones con la democracia. A fines de 2008, como consecuencia del escandaloso fraude en las elecciones municipales que le arrebató a la oposición más de cuarenta alcaldías, EE. UU. suspendió los desembolsos de la Cuenta Reto del Milenio (CRM) y la cerró definitivamente en 2011.
Sin embargo, como ocurre siempre en estos casos, aunque el Gobierno perdió importantes recursos financieros con el cierre de la CRM, el principal perjudicado fue el pueblo nicaragüense. Y lo sería de nuevo en el caso de que la ley de condicionamiento de las inversiones estadounidenses fuese aprobada este o el próximo año.
La dictadura de Ortega no solo daña a los nicaragüenses quitándoles el derecho básico de elegir libremente a sus gobernantes y representantes, y arrebatándoles muchas otras libertades y garantías democráticas fundamentales. También los perjudica haciéndoles pagar las consecuencias de las sanciones económicas externas que se le imponen por sus violaciones a los derechos humanos y atropellos a la democracia, cuyo respeto es un compromiso de Estado y Gobierno que se debe cumplir sin necesidad de presiones de ninguna clase.
