La Ley para condicionar los préstamos de Nicaragua en organismos financieros internacionales que aprobó de manera unánime el Congreso de Estados Unidos este miércoles, agarra a Ortega en su momento menos favorable cuando “muy pocos saldrán a defenderlo a nivel internacional”, según el analista político Óscar René Vargas.
“Por lo tanto, en el 2017 se visualiza una contracción económica ya que el dinero venezolano disminuye o desaparece. Las inversiones extranjeras van a la bajan por la incertidumbre que se abre y los precios de los productos de exportación tienden a la baja. Y las afectaciones a la carne, tabaco y maní por las leyes aprobadas en los EEUU”, dijo Vargas.
Según el analista, todos esos elementos tienden a favorecer que al inicio de 2017 se busque una salida a través de un diálogo nacional.
De igual forma, esta legislación preocupa a los empresarios nicaragüenses. Para el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, las repercusiones se podrían ver en las nuevas inversiones que Nicaragua capta de ese país.
Asimismo, Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), dijo que la ley “sí causa temor, sobre todo porque Estados Unidos es el principal socio económico de Nicaragua”.
La ley, que se conoce como Nica Act , fue impulsada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), para ejercer presión y que el gobierno de Ortega tome medidas para el restablecimiento de la democracia en el país y la realización de elecciones libres, justas y transparentes.
Otro proyecto ya en el Senado contra Ortega
El senador republicano, Ted Cruz, exprecandidato presidencial, introdujo hace dos semanas un proyecto similar en el Senado de los Estados Unidos.
“El presidente Ortega está demostrando que la democracia que pregona es nada más de fachada”, dijo Cruz.
Lo que sigue ahora es que Nica Act será enviada al Senado y en caso de que las versiones, la aprobada este miércoles y la de Ted Cruz, tengan diferencias muy grandes, se forma un comité conjunto que busque homogeneizarlas y que la nueva versión sea aprobada por cada Cámara.
De ser aprobada, aplicar o vetar la Ley estaría en manos del presidente de Estados Unidos.