En los ocho anteriores, las relaciones entre China y Taiwán fueron muy buenas, las mejores desde 1949. Hubo intensos intercambios de funcionarios, los contactos fueron institucionalizados, las partes firmaron acuerdos de mutuo beneficio, las tensiones disminuyeron y las comunicaciones se tornaron regulares.
Pero desde mayo pasado, el frío ha retornado. Las autoridades de la República Popular China (RPC) han declarado “suspendidos” los contactos oficiales. La razón, desde la óptica china, es la determinación de la presidenta de la República de China (RDC, Taiwán), Tsai Ingwen, de no adherirse al famoso “consenso de 1992”. Esta fórmula sostiene la existencia de “una sola China”, pero cada lado la interpreta de una manera distinta. Para la RPC, Taiwán es parte inalienable de su territorio. Para Taipei, la RDC es un estado soberano.
El consenso había sido reconocido por el anterior gobierno del presidente nacionalista Ma Ying-jeou, del partido Kuomintang (KMT), y fue la base sobre la que se desarrolló una normalización sin precedentes, aunque sin llegar a un reconocimiento político recíproco que hoy es imposible de alcanzar. La mayoría de los habitantes declaran primero una identidad taiwanesa antes que china, y se oponen a la unificación.
Tsai mantiene su política moderada hacia China dentro del marco constitucional de la RDC. Además, la jefa del Partido Democrático Progresista (PDP), una fuerza tradicionalmente independentista, afirmó que no habrá movidas que sean vistas como “provocaciones” con respecto a Pekín, no declarará una independencia “de jure” ni emprenderá actos unilaterales que alteren el estatus quo. Por otro lado, desea fortalecer la calidad democrática de la administración pública.
Tsai se ha asegurado el beneplácito de Estados Unidos, el principal aliado de Taiwán, al asegurar que promoverá “paz y estabilidad” —términos de la postura oficial de Washington hacia Taipei— en el Estrecho de Formosa.
China le ha subido la intensidad a sus presiones. Ha reducido en más del 30 por ciento el número de turistas chinos permitidos a viajar a la isla, (hubo 4 millones de turistas chinos en 2015), lo que ya afecta a la industria turística, cuyos representantes harán una protesta pública; mantiene congelados los contactos entre funcionarios; ha presionado efectivamente a países como Kenia, Malasia, Camboya y Armenia para que deporten como nacionales chinos a sospechosos taiwaneses en un caso de un masivo fraude electrónico, y podría aplicar medidas económicas restrictivas.
El gobierno de Tsai cumplió sus primeros cien días recientemente. El resultado es mixto. En la economía, hay un ligero repunte tras tres cuartos de contracción, repuntaron un poco las exportaciones (durante 16 meses consecutivos habían descendido). En 2015 el crecimiento fue solo de 0.85 por ciento, dada la caída de la demanda mundial. Se prevé que en 2016 ronde el 1.5 por ciento. Sin embargo, es temprano aún para evaluar las políticas económicas de este gobierno.
En el plano político-social, la luna de miel ha terminado. Los más recientes sondeos muestran una caída a menos de 50 por ciento de apoyo de la presidenta. Destaca un hermoso gesto de petición histórica de disculpas a los pueblos aborígenes. El gobernante PDP, gracias a su mayoría parlamentaria, pasó una ley sobre bienes mal habidos de partidos políticos, una ley que los observadores ven como dirigida a su rival, el KMT, y que genera polémicas.
Las relaciones con China están en su punto más bajo en ocho años. Para reanimarlas, Tsai nombró esta semana al excanciller Tien Hung-mao como encargado de los contactos con Pekín. China sigue exigiendo la adhesión al “consenso de 1992”. Tien tiene un arduo e incierto trabajo por delante.
El autor es analista de asuntos Asia-Pacífico, Taiwán Fellowship Program 2016.