De cada cien dólares que el gobierno obtuvo el año pasado en financiamiento externo y que se utilizó para financiar proyectos de infraestructura y productivos, 50 dólares provinieron de los organismos de financiamiento multilaterales donde Estados Unidos ejerce fuerte influencia, según se desprende del Informe Oficial de Cooperación Externa, publicado por el Banco Central de Nicaragua.
Con ello, el Gobierno de Nicaragua podría afrontar grandes dificultades en la obtención de préstamos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, si la llamada “Nica Act” es aprobada en Estados Unidos.
Dicha ley fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuyo objetivo es que EE.UU. vote en contra de los préstamos que Nicaragua solicite ante los organismos financieros internacionales y donde ese país tiene incidencia. Aún está pendiente que dicha ley sea aprobada en el Senado y luego sancionada por el presidente Barack Obama.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, solo el año pasado, de los 530.7 millones de dólares que el sector público obtuvo en cooperación externa (préstamos y donaciones), 266.9 millones de dólares fueron desembolsados por el BID y BM, equivalentes al 50.29 por ciento del total para este sector.
Solo el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el principal cooperante multilateral del sector público y donde Estados Unidos tiene poder de veto en los fondos concesionales, el año pasado entregó 208.3 millones de dólares al sector público, en su mayoría préstamos concesionales.
Desde el 2007 y hasta la fecha estos dos organismos financieros se han convertido en la principal fuente de financiamiento del sector público, los que han venido a cubrir incluso los huecos financieros que se originaron tras la decisión de varios países donantes de retirarse de Nicaragua ante el deterioro de la democracia y los constantes ataques de Ortega contra ellos, a los que llegó a tildar como “moscas que se paran en la inmundicia”.
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EE.UU. ejerce gran influencia
Edmundo Jarquín, exfuncionario del BID, explicó que si bien Estados Unidos solo tiene poder de veto en este organismo, en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ejerce fuerte influencia, lo que podría derivar en que otros países como Canadá, los europeos y Japón —que forman parte de esos organismos financieros— respalden la postura de EE.UU. de restringir el financiamiento a Nicaragua mientras no se restablezcan los espacios democráticos.
“Esta decisión de la Cámara de Representantes (de Estados Unidos) ha sido motivada exclusivamente por las acciones y decisiones adoptadas por Daniel Ortega en término de los espacios democráticos y la falta total de competitividad en las próximas elecciones. En absoluto la oposición ha tenido ninguna incidencia en esta decisión”, aclara Jarquín.
Jarquín recuerda que el BID forma parte del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuya cláusula de la Carta Democrática fue suscrita por Nicaragua y además los tratados de libre comercio tanto con la Unión Europea y EE.UU. recogen los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. “Muy probablemente Estados Unidos va a ser acompañado en esta posición por Canadá y por los países europeos y no descartaría que también será acompañado por algunos países latinoamericanos, con lo cual la incidencia de los Estados Unidos sería bastante mayor”, afirma Jarquín.
Y hasta en el Fondo Monetario Internacional el país podría tener dificultades para solicitar de nuevo un préstamo, porque en este organismo EE.UU. ejerce gran influencia.
Esto vendría a afectarnos fuertemente porque detrás de esa medida vienen otras que podrían afectar las exportaciones de Nicaragua hacia el mercado más importante que tenemos hasta ahora”.
Michael Healy, presidente de Upanic.
Infraestructura y producción afectadas
Según el Informe de Cooperación Externa, el 29 por ciento de lo que recibió el sector público el año pasado se destinó para construcción y transporte; otro 35 por ciento, para electricidad, gas y agua; el 20 por ciento, para proyectos de servicios sociales, salud y educación; 4 por ciento agropecuario, silvicultura y pesca; y solo el ocho por ciento, para administración pública.
El economista Néstor Avendaño, en un análisis publicado en su blog personal, señala que entre las principales consecuencias que tendría esta ley destaca: El empobrecimiento de la población rural, al paralizarse la ejecución de proyectos de inversión pública vinculados con la reducción de la pobreza; un menor dinamismo de la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) del sector privado, al reducirse la facilitación de la inversión pública en infraestructura económica; la desaceleración del crecimiento económico; la mora en el pago de la deuda pública externa con el BID y el BM/IDA; la reducción del gasto de consumo público y el desempleo en la actividad del Gobierno Central; el debilitamiento de la posición de las reservas internacionales oficiales; el incumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad del tipo de cambio oficial y de una baja presión inflacionaria; la ampliación de la brecha cambiaria entre el mercado oficial y el mercado financiero, que provocaría una fuga de capitales; y el deterioro de los indicadores sociales del país.
El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, dijo ayer que esa situación eleva la preocupación a lo interno del país y envía un claro mensaje político.
“Definitivamente lo vemos con preocupación ya que muchos de esos préstamos eran para la mejora de caminos productivos e infraestructura y vendría a afectar la salida de nuestras cosechas”, dijo.
El representante gremial agregó que ese es un mensaje a los inversionistas de no venir y “es preocupante porque hemos trabajado en una alianza pública y privada y el diálogo que mantenemos en lo económico ha dado resultados”. Para Healy, el mercado estadounidense es importante porque el principal destino de inversión en el agro de Nicaragua viene de ese país.
Gobierno no podría emitir deuda
Otra de las consecuencias que se derivarían de la “Nica Act” es que ante estas restricciones financieras de Nicaragua ante dichos organismos financieros internacionales —según Jarquín— las calificadoras de riesgos se verían obligadas a revisar a la baja las notas que el país ha obtenido, lo que impactaría el clima de inversión.
“Esto va a afectar la capacidad de Nicaragua de atraer inversión extranjera y la capacidad muy eventual de lo que se estaba considerando de colocar bonos de deuda pública en los mercados internacionales. Esto va afectar la calificación crediticia de Nicaragua”, enfatiza Jarquín.
El margen de maniobra del Gobierno de Nicaragua —según Jarquín— se vería reducido aún más ante la caída de la cooperación proveniente de Venezuela, que también es azotada por una crisis económica sin precedente.
BM a la expectativa
El representante del Banco Mundial en Nicaragua, Luis Constantino, se limitó a responder que por ahora están dando seguimiento a lo que está pasando con la Ley conocida como “Nica Act”.
“Estamos siguiendo con atención los últimos acontecimientos. El Banco Mundial, como organización multilateral de desarrollo, no emite ninguna opinión al respecto, pues respetamos los procesos legislativos internos de nuestros países miembros”, respondió a LAPRENSA.
Está pendiente que en los próximos meses llegue a Nicaragua una misión del Banco Mundial para negociar una nueva estrategia de cooperación y financiamiento para el período 2018-2022, que priorizaría a la zona rural.
